
Un nuevo entramado de corrupción sacude al Ejército Nacional, luego que se confirmara la captura de más de 20 personas en diferentes departamentos del país.
En el grupo de aprehendidos se encuentran tanto militares activos como civiles, quienes habrían creado un batallón fantasma, con el fin de quedarse, entre otras cosas, con la dotación de los supuestos uniformados, a pesar de que los soldados que conformaban la unidad, no existían.
Infobae pudo confirmar que la Fiscalía procederá con la imputación de 24 personas, entre las que están 22 militares del Ejército Nacional. Los señalados habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, constreñimiento para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
Las personas que se encuentran en investigación habrían ideado un complejo plan para obtener recursos del Estado; en este caso, se presume que crearon una fachada alrededor del nombre del Ejército Nacional con el fin de vincular soldados a la institución, sin embargo, estos nunca existieron. Supuestamente, los implicados realizaron trámites de incorporación y exámenes médicos para hacer más creíble el proceso.
Fueron cerca de 320 millones de pesos los que perdió el Estado por dichas maniobras delictivas. A partir de documentos falsos, a cada uno de los supuestos militares se les cubría todas las necesidades como si en realidad estuvieran prestando servicio. En apariencia les entregaron “material de intendencia, material de guerra, alimentación, pago de nómina, pagos de dineros al área, bonificaciones y kits de aseo, entre otros”.
Se presume que todas estas dinámicas ilícitas se llevaron a cabo en el departamento del Guaviare, donde también se estaría realizando el seguimiento a otro uniformado del que no se conoce su paradero por el momento. Los militares ficticios eran calificados como soldados profesionales, quienes se incorporarían a las armas y recibirían los beneficios como si fueran militares activos.
Dentro de la red delincuencial no solo estarían los militares activos, sino varios retirados que buscaban seguir vinculados y por su recorrido, se les facilitaría mantener el contacto con otros uniformados.
Los procesos de captura se realizaron en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá, Quindío, Tolima, Huila, Santander, Nariño, Boyacá y Meta.
Por su parte, el Ejército Nacional respondió ante esta delicada situación y expuso que los trabajos de investigativos se lograron gracias al trabajo conjunto entre Gaula Militar, Policía Nacional, Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía General de la Nación.
Voceros del Ejército Nacional aseguraron que todos los proceso dentro de la institución se realizan desde la máxima transparencia; es decir, evitando cualquier tipo de irregularidad que afecte el patrimonio del país y el nombre del mismo y calificaron el caso como una irregularidad administrativa. Sentenciaron que no habrá tolerancia con la corrupción por parte de uniformados o miembros la institución.
“El Ejército Nacional no tolerará ningún acto que vaya en contravía del ordenamiento jurídico, así como de los principios y valores institucionales”, aseguraron los voceros del cuerpo armado que, además, resaltaron la labor de las autoridades y anunciaron investigaciones internas con el fin de constatar si existen otro tipo de irregularidades dentro del mismo.
“Lo anterior, por presuntas irregularidades administrativas que se estarían realizando en el proceso de incorporación de soldados. La institución, en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales, conforme el principio constitucional de colaboración armónica; así mismo, se dará inicio a las investigaciones internas a que haya lugar”, anunció el Ejército Nacional.
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