Procuraduría prorrogó suspensión del alcalde de Riohacha

La Procuraduría General de la Nación confirmó que prorrogó por tres meses más la suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por la investigación que se lleva a cabo en el Ministerio Público por presuntas irregularidades en contratación.

Así lo dio a conocer el ente investigador a través de una publicación en su cuenta de Twitter, donde confirmó la prórroga de la suspensión del alcalde de la capital de La Guajira.

“¡ATENCIÓN! @PGN_COL prorroga por 3 meses suspensión provisional del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, por presuntas irregularidades en contratación de obras.🏗️ El auto fue proferido este 26 de julio”.

De acuerdo con la información que se conoció sobre el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, la Procuraduría lo está investigando por “presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad”.

La decisión de prorrogar la suspensión la confirmó el ente investigador en la tarde del jueves 27 de julio de 2023, y agregó que se había tomado, por primera vez, el 26 de abril por una duración similar. En ese momento, la medida cautelar de suspensión fue enviada a consulta a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría, que confirmó la decisión.

El Ministerio Público, luego de continuar con la investigación, explicó que considera que se cumplen con los requisitos necesarios para prorrogar la medida de suspensión a Bermúdez Cotes por otros tres meses, pues puede que se presente una reiteración de la falta si vuelve a su cargo.

La investigación comenzó porque, según el Ministerio Público, la administración de Bermúdez Cotes inició el proceso de contratación sin tener información actualizada sobre el valor de algunos bienes a intervenir mientras se ejecutaban las obras.

También, se conoció que no se entregó un informe con el cronograma de trabajos; como tampoco, hubo un análisis previo sobre la prestación de los servicios públicos y domiciliarios en la zona rural de Riohacha.

Esas fueron las razones por las que para la Procuraduría se debía sancionar al alcalde que “como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”.

En ese momento, y tras conocer la medida cautelar ejecutada por la Procuraduría General de la Nación, el presidente Gustavo Petro pidió a la procuradora Margarita Cabello dar a conocer la investigación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la Nación.

Según con una carta que fue publicada por W Radio, el presidente Petro pidió la redirección del concepto, pues “se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”.

Por su parte, el Ministerio Público agregó que las obras que están siendo objeto de investigación disciplinaria fueron financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con un presupuesto superior a los 11.000 millones de pesos.