Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, insistió en que se deben aplicar sanciones a los medios de comunicación

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, volvió a plantear que los medios de comunicación deben ser sancionados, y comparó los proyectos minero-energéticos con el ejercicio de la libertad de prensa para poner en duda los mecanismos sobre la información de la prensa.

“Si un proyecto minero contamina se sanciona, si incumple la Licencia Ambiental o viola los derechos humanos la ley prevé incluso que se le retire el título. ¿Si un periódico miente, qué pasa? ¿Si una revista calumnia, cuál es la sanción? ¿Si un medio televisivo daña el buen nombre, sucede algo? ¿Si una emisora falta a la verdad, cuál es la falta, quien la autoridad?”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

La nueva arremetida de la senadora generó la reacción de varios periodistas, como la escritora y columnista Ana Cristina Restrepo a quien la misma Zuleta ya le había pedido una rectificación. “Esta es la misma que pidió réplica a una columna mía: le dimos el espacio completo de mi columna, el mismo lugar y día. NO respondió NI una letra... eso sí: activó bodegas y mentiras. La reina de la aguas armando bonche para no hablar de minería ilegal y del Clan del Golfo”, le respondió.

Pascual Gaviria, codirector de 10AM Hoy por hoy de Caracol Radio y Universo Centro también cuestionó a la congresista. “Esta señora quiere crear la Súper Intendencia de la Verdad manejada por el gobierno. Que saludes de Ortega y Bukele”, afirmó.

Al igual lo hizo la editora política de Noticias RCN, Maritza Aristizábal: “si una lider política dice que va a quemar candidatos, no sé, también me pregunto, ¿Qué debe pasar?”, sostuvo.

No es la primera vez que Isabel Cristina Zuleta pide sanciones contra los medios de comunicación. En junio solicitó una “intervención” de la Fiscalía contra la revista Semana para que buscara una fuente, cuya identidad se mantiene en reserva por secreto profesional amparado por la Constitución, que había citado la revista en la investigación del caso del coronel Óscar Dávila.

Así mismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha rechazado pronunciamientos similares por parte del presidente Gustavo Petro. “Sus mensajes terminan restándoles credibilidad; buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión; alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios”, señaló en mayo.

La FLIP ha insistido en que la libertad de expresión es un derecho reforzado, como lo estableció la sentencia T-454 de 2022, “su protección y todas las garantías que comprende son uno de los pilares básicos de la carta de derechos de los Estados democráticos, dada la trascendencia que tiene en la protección de otros derechos fundamentales, así como para la formación de la opinión pública, lo cual también favorece sociedades plenamente libres que cuenten con herramientas para ejercer adecuadamente sus derechos”.

Así mismo, en casos de mentira, calumnia y daños al buen nombre, todo ciudadano tiene derecho a la rectificación como lo establece la Sentencia T-003/11 de la Corte Constitucional. “Se trata de un derecho del que son titulares las personas naturales cuyo derecho a la honra y al buen nombre se haya visto vulnerado por informaciones falsas, parcializadas, inexactas, imprecisas, o poco objetivas que se hayan divulgado en cualquier medio de comunicación”, establece la jurisprudencia.

En la sentencia T-242/22, del caso Daniel Mendoza, la Corte también reiteró que para los funcionarios públicos “el ámbito de protección de sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre en relación con estos asuntos es más reducido”, que aunque no significa que no tengan esas garantías, “debe ser determinada “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”[322] y ponderada con el ejercicio de la libertad de expresión”.