Corte Suprema de Justicia investiga al gobernador de Santander por presuntos vínculos con paramilitares

Una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, liderada por la magistrada Cristina Lombana, viajó hasta Bucaramanga para continuar con las investigaciones adelantadas por el tribunal contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por presuntos vínculos con paramilitares.

Concretamente, esta delegación de la máxima instancia judicial llegó a esa ciudad el martes 18 de julio para escuchar los testimonios de al menos 15 personas que tendrían conocimiento de los nexos que tuvo el mandatario departamental entre 2009 y 2010.

De acuerdo con un documento conocido en primera instancia por Blu Radio, las indagaciones indicarían que el también exsenador habría recibido apoyo de estructuras paraestatales durante la campaña electoral rumbo al Congreso del entonces.

La pesquisa indicó además que Doris Vega, otrora integrante del Partido de Integración Nacional (PIN) también fue impulsada por paramilitares en ese mismo periodo.

No es el único integrante del clan Aguilar vinculado por presuntos nexos con estos grupos. En agosto de 2022, Hugo Aguilar —padre de Mauricio— reconoció ante la Comisión de la Verdad que sí estuvo involucrado en varios hechos que derivaron en una condena en su contra por paramilitarismo.

En su testimonio, mencionó también su influencia en la creación del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el ‘favor’ que este grupo le hizo al presionar al electorado para votar por él a la Gobernación de Santander en 2004.

“Cometí uno de los peores errores de mi vida, que no me deja vivir en paz como fue permitir que las Autodefensas (...) a través de constreñimiento al elector recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander”.

En aquella versión entregada en medio de una audiencia de contribución, añadió que “Siendo un hombre de experiencia y después de haber combatido uno de los peores males de este país como lo fue el narcoterrorismo, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”.

A comienzos de abril de 2023 se conocieron varias irregularidades en la licitación de un contrato para la ejecución de proyectos productivos, formación musical y deportiva en varios Centros de Atención Especial del departamento.

Según los hallazgos del Comité de Transparencia por Santander, el contrato fue adjudicado por cerca de cuatro mil millones de pesos y pretendía ejecutarse con diferencias en los estudios previos y con presuntos sobrecostos.

En el proceso se encontraron serias deficiencias en la elaboración de estudios que soportan la contratación. Uno de ellos fue que los datos adjuntos como soporte datan del 2017. Además, la documentación anexa no mencionaba la cantidad de detenidas con hijos, ni edades de los menores a beneficiar.

Tampoco se genera un análisis que sustente la necesidad de la adquisición, según mencionó Marcela Pabón, directora de Transparencia.

En los últimos días de 2022, la Procuraduría archivó una indagación contra Aguilar por un viaje a Cancún. Durante ese proceso iniciado tras denuncias de veedurías ciudadanas, el Ministerio Público no encontró una falta por parte del mandatario departamental.

Por lo anterior, luego de varios meses de investigación, el 1 de septiembre de este año la Procuraduría anunció que se archivaba de manera definitiva el proceso.

“Se ordena el archivo definitivo de las diligencias adelantadas en contra de Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado en su calidad de gobernador departamental de Santander, para la época de los hechos”, se lee en el documento emitido por el Ministerio Público.

A mediados de 2022, el gobernador pidió permiso para atender asuntos personales fuera del país. Mediante la expedición del decreto 760 del 13 de julio de 2021, fue autorizada una licencia remunerada para el 14, 15 y 16 de julio.

Sin embargo, Aguilar tomó desde el 10 de ese mes, es decir, cuatro días más. En su momento, el jefe jurídico de la Gobernación, Óscar Durán, aseguró que la Secretaría Administrativa había autorizado también los días 12 y 13. Sobre los otros dos días, Durán dijo que el gobernador podía tomarlos pues eran sábado y domingo, es decir, días no hábiles.

A pesar de las anomalías, la Procuraduría decidió archivar la investigación y Aguilar continuó en el cargo.