
Una nueva propuesta del presidente Gustavo Petro causará un choque con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El jefe del ente acusador anunció que desaprobará el enfoque de la Política Nacional de Drogas (2023-2033) que se presentó al Consejo de Política Criminal.
“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señaló Barbosa.
El fiscal aseguró que desde la institución están de acuerdo con que no se persiga a cultivadores y consumidores en la lucha contra las drogas, pero señaló que se deben mantener estrategias claras en contra del narcotráfico y el crimen transnacional, que son los eslabones en los que se enfocará la acción del Estado.
Barbosa, en su carta al Consejo de Política Criminal, calificó de “loables” la intenciones de la política de drogas para proteger a la población vulnerable, pequeños cultivadores y consumidores. Pero cuestionó que se haga una amplia exposición de lo que no debe contener la política, mientras “no desarrolla cuales sí deben ser las acciones reales del Estado en contra del narcotráfico y el crimen trasnacional, que tanto afecta al país”, se lee en la carta.

“Se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios”, señala una carta del fiscal general dirigida al Consejo Nacional de Estupefacientes.
En su pronunciamiento, el fiscal Barbosa se describió como “amigo” de la Paz Total, otra política del Gobierno nacional que generó choques con el presidente en los primeros meses de su administración. Según el jefe del ente investigador, la Fiscalía ha colaborado con la suspensión de órdenes de captura de más de 70 personas que han permitido que las mesas de diálogos que se tienen actualmente se puedan instalar.
“Pero también hemos negado la suspensión de órdenes de captura de narcotraficantes y de personas que al mismo tiempo pertenecen a organizaciones de carácter no político en la medida de que no existe ningún tipo de sustento jurídico o constitucional”, sostuvo el fiscal.
“Somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, somos amigos de los derechos humanos, somos amigos de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público y de garantía de la seguridad como un factor determinante y principio constitucional”, agregó Barbosa.

El fiscal general ha intervenido en varias políticas del Gobierno nacional respecto al narcotráfico. Una de ellas fue la ley de sometimiento a la que le planteó varias críticas y que finalmente terminó concertando con el presidente Petro en una reunión para presentar nueve modificaciones al proyecto.
Otra de sus inconformidades se manifestó con el proyecto de humanización carcelaria. El fiscal denunció un supuesto mico que se había incluido en el texto que, según dijo, beneficiaba a los narcotraficantes “Nos metieron un parágrafo donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia”, señaló Barbosa.
Se trataba de un artículo que proponía la suspensión de la pena para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito que se acogieran a programas de sustitución. Un nuevo enfoque de la política de drogas que el presidente Petro ha promocionado internacionalmente y sobre la que se realizará una cumbre en Cali en septiembre.
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