
Sobre la tarde del lunes 17 de julio se conoció que Jorge Antonio Vásquez, procurador provincial de Barranquilla, se declaró insubsistente en medio del proceso contra Emilio Tapia.
El funcionario revocó la decisión de trasladar al investigado por corrupción a una guarnición militar. En ese sentido, la Procuraduría ordenó la suspensión de Óscar Obeso, miembro de la entidad que había emitido la orden de traslado del excontratista de la penitenciaría El Bosque al Batallón Vergara Velasco, ubicado en el municipio Malambo (Atlántico).
Según lo afirmado por el Ministerio Público, este no tenía competencia para dicha orden, sino que ello le corresponde a la Procuraduría 207 Judicial Penal I.
Sumado a eso, habría presionado a mandos de esa unidad para acatar esa orden; de lo contrario, podrían afrontar sanciones disciplinarias de acuerdo a lo indicado por El Tiempo. Obeso argumentó su actuar mediante dos decisiones judiciales proferidas el lunes 10 de julio para cumplir con una orden de tutela.
Una comisión de esta entidad viajó desde Bogotá hacia la capital de Atlántico para notificar a Obeso Hernández de la suspensión por tres meses de su cargo. En ese tiempo tampoco recibirá remuneración como trabajador del Estado por las maniobras hechas en medio del caso contra el excontratista.
También anunciaron la apertura de una indagación disciplinaria interna contra el procurador delegado identificado como un profesional universitario grado 17.
El viernes 14 de julio la seccional Barranquilla de la Procuraduría había revocado la solicitud de traslado de Tapia a la unidad militar de Malambo por las irregularidades mencionadas a la hora de sancionar a Oscar Obeso.
La decisión quedó estipulada en cuatro oficios emitidos por Claribel Fernández, jueza primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad; el comandante del Batallón de Ingenieros, teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo; el brigadier general del Ejército Nacional, Jaime Torres, y la directora regional norte del Inpec, María Alexandra García.
En los cuatro oficios, la Procuraduría precisó que se había presentado una “ostensible violación de una orden judicial por una extralimitación de funciones del personal del Batallón de Ingenieros General Vergara y Velasco en Malambo”.
La determinación hizo que se levantaran sospechas sobre Obeso, que firmó los oficios 3571 y 3572 en los que ordenaba el traslado de Tapia “de manera inmediata las órdenes judiciales reiteradas por las células judicial e informamos de su cumplimiento, en su defecto, evaluaremos la suspensión provisional de los cargos de quienes corresponda por posibles faltas disciplinarias (...)”.
Con la notificación de la revocatoria del traslado de Emilio Tapia al batallón militar de Malambo, la Procuraduría de Barranquilla informó que ya había enviado un informe “detallado de las presuntas irregularidades evidenciadas por el despacho” en los oficios aprobados por Óscar Obeso Hernández, a la Veeduría adjunta a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de adelantar la investigación correspondiente.
Momentos antes de la expedición de esos oficios, la misma entidad solicitó al Ejército el traslado de Tapia al Batallón de Malambo. Vale indicar que en ese lugar se encuentra recluida la excongresista Aida Merlano.
“Al Teniente Coronel Mauricio Calvo Restrepo, o a quien haga sus veces, para que, dentro del término de la distancia y en uso de sus facultades legales, le asigne un cupo al PPL Emilio José Tapia Aldana, que cuente con las medidas y garantías necesarias para salvaguardar su integridad personal a las que tiene derecho, por mandato constitucional”, indicó el escrito radicado por Obeso.
Así las cosas, el excontratista seguirá recluido en El Bosque, en Barranquilla, después de ser acusado por la Fiscalía de ser una figura clave en un esquema de apropiación de recursos públicos destinados a proporcionar tecnología y redes de internet a miles de niños en zonas remotas del país.
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