Recientemente, la prohibición de la venta de la bebida alcohólica ha causado polémica entre los cundinamarqueses. De allí que la Industria Licorera de Caldas, compañía que creó el Aguardiente Amarillo de Manzanares y lo distribuye por todo el territorio colombiano, anunciara que acudirá a acciones judiciales para intentar que Cundinamarca vuelva a estar avalada para poder comercializar su producto en miles de establecimientos y cadenas, mediante la solicitud de nulidad de la Resolución 797.
La pugna por la distribución de ese aguardiente que adelanta la Licorera de Caldas (ILC) toca el tema de los permisos que se obtuvieron en 2017 y no fueron actualizados correctamente en junio de 2023. Así lo explicó la empresa en un comunicado. Pues de acuerdo con lo establecido legalmente, si otras licoreras desean vender sus productos en diferentes departamentos, requieren un permiso por parte de los gobernadores, el cual tiene una vigencia de 10 años y es prorrogable.
Por otra parte, el departamento de Cundinamarca obtuvo este aval en 2017 con el objetivo de poder distribuir, por ejemplo, el Ron viejo de Caldas, entre otras demandadas bebidas alcohólicas provenientes de la empresa en cuestión, incluido el Aguardiente Amarillo, en 2019.
De acuerdo con lo indicado por Portafolio, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, adscrita a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, expidió el 6 de junio de 2023 la Resolución 797, que revocó la autorización de la adición del producto Aguardiente Amarillo de Mazanares para su ingreso al departamento.
Lo anterior deduce que, legalmente, Cundinamarca y Bogotá no tienen permiso de gozar del producto de alta demanda entre sus consumidores por su sabor y sus 24 grados de alcohol en fiestas, bares, discotecas y demás establecimientos.
Al no poder distribuir y comercializar la bebida, que ha tenido una gran acogida entre la población bogotana y cundinamarqués, se estima que el departamento perderá alrededor de $73.000 millones en 2023, afectando gravemente las rentas departamentales que aportan a la salud de los colombianos, según le explicó Andrés Elías Borrero, gerente general de la ILC, al medio citado.
A su vez, la industria caldense tendría pérdidas en 2023 de aproximadamente $55.000 millones por concepto de ventas, además de que, al menos, 5.000.000 de unidades, se dejarían de vender en el segundo semestre del año.
“La revocación del permiso se hizo de manera arbitraria, pues no se siguió el proceso de ley para tal fin, afectando el derecho al debido proceso, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso para la cancelación del permiso. Adicionalmente, tampoco se otorgaron los recursos de apelación y reposición, para poder controvertir esta medida”, expresó el director en la misiva.
Siendo así, mientras se le da solución al estado del permiso para la distribución del Aguardiente Amarillo de Manzanares, los consumidores deberán optar por otras marcas.
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