La polémica que se generó tras el anuncio de Daniel Quintero sobre la congelación en las tarifas de servicios públicos en Antioquia aún continúa. El mandatario deberá afrontar una nueva denuncia relacionada por la medida que tendría el objetivo de beneficiar el bolsillo de los antioqueños, pero que afectaría la economía de Empresas Públicas de Medellín (EPM)
La acusación se hizo pública en la mañana del jueves 13 de julio de 2023 y fue instaurada por Rodolfo Correa, uno de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín en las próximas elecciones regionales. El candidato instauró la acusación ante la Contraloría General de la Nación alegando el detrimento patrimonial que se generaría en caso de que la EPM emplee 100 mil millones de pesos para solventar dicho “congelamiento”.
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Correa dio a conocer la noticia a través de un video en sus redes sociales, en el cual manifestó que la determinación del alcalde Quintero tiene fines políticos y electorales de cara a la próxima contienda electoral. El candidato puntualizó en que las rebajas en las tarifas serían casi imperceptibles para los usuarios, estableciendo una especie de engaño a la comunidad.
El candidato enfatizó en que una vez instaurada la denuncia en la Contraloría General de la Nación, los presuntos alivios económicos que beneficiarían a la comunidad serían mínimos, calificándolos de “ridículos”. Además, indicó que alguien deberá asumir los costos del dinero que la EPM dejará de percibir durante el tiempo que las tarifas disminuyan.
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Según expresó Correa, Medellín ya llegó al límite de subsidios que se le pueden brindar a las personas necesitadas, basándose en cifras entregadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Así pues, la medida impulsada por Quintero representaría un verdadero riesgo para la economía del Gobierno de la ciudad, cuyas consecuencias deberán asumirlas los funcionarios de la administración que asumirá en el 2024.
La denuncia que instauró Correa no fue solo contra Quintero. Dentro de la acusación estaban incluidos algunos funcionarios de la EPM que tuvieron “complicidad” en la medida que ha sido una de las más polémicas de la actual administración. Contra ellos podría iniciar una investigación por presunta responsabilidad fiscal en detrimento patrimonial de la capital antioqueña.
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