Hacen un llamado al Congreso de la República para proteger a los denunciantes de la corrupción

De acuerdo con el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia (TPC), la corrupción es uno de los problemas que más daño ha generado a la economía del país, además impactar directamente en los denunciantes de ese tipo de hechos.

El Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia indicó que actualmente los ciudadanos que alertan los actos relacionados con presuntos malos manejos, desviación de recursos, abusos de poder o de confianza, entre otros, están poniendo en riesgo su integridad física y su vida.

A su vez precisó que, enfrentan obstáculos jurídicos como la recolección de material probatorio, la falta de comunicación con los órganos de control sobre el curso de la denuncia y el acoso judicial y, finalmente, se ven afectados por las consecuencias que les genera el daño contra su buen nombre y que causa un fuerte impacto sobre su salud mental.

Conforme con cifras oficiales, el TPC proyectó que cerca del 40% de las personas que acuden al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, afirmó sentirse en riesgo por su decisión de elevar una alerta o denuncia por presunta corrupción.

Igualmente, desde la corporación se han identificado otro tipo de riesgos y miedos de distinta naturaleza a los que se enfrentan ese tipo de denunciantes, tales como: miedo a ver afectada su reputación, temor a sufrir represalias laborales y diferentes obstáculos como la falta de acceso a la información y a ser discriminados.

La TPC desde su página web: transparenciacolombia.org.co precisó que esos riesgos fácilmente los convierten en una víctima más de la corrupción: “Por eso, si bien se debe reconocer el rol activo que desempeñan, también es importante reconocer su vulnerabilidad y, por ende, la necesidad de brindarles mayor protección, la cual no puede ser reducida solo a un componente físico, sino que debe contemplar aspectos económicos, sociales y psicológicos”.

Cabe destacar que, Transparencia por Colombia lanzó recién una campaña en la plataforma de Change.org Colombia: https://shorturl.at/xGSV6, que cuenta con cerca de 8.000 firmas digitales de personas que apoyan su petición para que se garantice la protección integral de los denunciantes de corrupción en el país.

Por su parte, Claire Launay, directora programática de Iniciativas con Sociedad Civil de la corporación Transparencia por Colombia, explicó que actualmente la iniciativa registra más de 150 mil interacciones. A su vez señaló que:

Launay resaltó que, gracias a los denunciantes muchos casos de corrupción han sido conocidos e investigados; sin embargo, enfatizó que deben existir condiciones favorables para realizar la denuncia y medidas de protección para quienes se atreven a alertar a las autoridades sobre este tipo de delitos.

Con base en lo anterior, sumó que la protección integral a denunciantes y alertadores debe cumplir con dos condiciones básicas:

• Primero: permitir el anonimato para evitar revelar la identidad de la persona.
• Segundo: mantener confidencialidad a lo largo del proceso; y tercero, orientar al denunciante sobre los riesgos a los cuales se puede exponer, así como brindarle la mayor claridad con relación a las expectativas de su denuncia.

“Las autoridades, además, le deben garantizar las medidas de protección física y laboral, asistencia económica y psicosocial, y los mecanismos de defensa en contra de las retaliaciones legales que pueda sufrir”, precisó la directora.

Como otro punto fundamental, la directora destacó la necesidad de establecer canales de denuncia intuitivos, ágiles, seguros y que consideren criterios diferenciales, tanto en ámbitos públicos como privados. Launay puntualizó que muchas veces las denuncias se desincentivan porque el canal no es accesible o porque la entidad encargada de recibirla no tiene buena comunicación con el denunciante.

¿Qué se ha planteado desde el Gobierno nacional sobre esta problemática?

El Gobierno de Gustavo Petro manifestó su compromiso por presentar al legislativo un Proyecto de Ley en este sentido y lo ha incluido como parte del actual Plan Nacional de Desarrollo.

No obstante, desde Transparencia por Colombia y otras organizaciones se elaboraron comentarios y recomendaciones a un borrador de este “Proyecto de Ley” elaborado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

“Se espera que al inicio de la nueva legislatura en julio de 2023 se radique esta iniciativa en ambas corporaciones y se dé inicio a un debate público que garantice la participación de las diferentes voces” concluyó Transparencia por Colombia.