Aunque en horas de la mañana del jueves 29 de junio la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional ubicada en la calle 45 a sur número 50A-91 en el barrio Muzu, fue evacuada por alerta de explosivo. La Policía de Bogotá por medio de un trino aclaró que ‘‘después de la verificación y el protocolo adelantado por el grupo antiexplosivos, se descarta cualquier amenaza que pueda afectar la tranquilidad de la ciudadanía’'.
La alarma se generó luego de labores de vigilancia de rutina a uno de los camiones de basura donde uno de los perros de la institución se sentó e identificó algo que podría tratarse de un explosivo. Sobre la determinación de las autoridades de desocupar las instalaciones de la General Santander, en un primer momento la Policía Metropolitana afirmó ‘‘es un protocolo de seguridad, ingresa el camión de basura, el canino se sienta y se activa el protocolo con Antiexplosivos’’.
Estado fue condenado por atentado contra la General Santander de 2019
El lunes 3 de abril se conoció que un juzgado Administrativo de Bogotá condenó el Estado colombiano por el atentado del Eln contra la Escuela de Cadetes General Santander perpetrado el 17 de enero de 2019.
Según la decisión, hubo una omisión en las medidas de seguridad por parte de las mismas autoridades que custodiaban el lugar el día del ataque terrorista. Cabe mencionar que esta es la primera condena que se conoce sobre los hechos que dejaron 22 muertos y 89 heridos.
Al respecto, María de los Ángeles Alquichire, abogada defensora de las víctimas, explicó en entrevista con La W que dicha condena es un tipo de reparación parcial sobre las familias de las víctimas, pues “efectivamente la mayoría de las familias presentaron demandas al Estado para ser reparados frente a los hechos”.
La abogada dejó en claro ante el medio citado que no fueron tenidos en cuenta todos los reparos que presentaron allegados de las víctimas en materia de reparación, como una pensión completa correspondiente a la de los subtenientes que murieron. En ese sentido, precisó también que si bien los familiares de víctimas no quedaron satisfechas con la reparación patrimonial, sí quedaron conformes con la decisión del tribunal.
La última decisión que se conoció sobre este atentado fue la del lunes 20 de febrero, día en que el juzgado 61 de Bogotá le otorgó la libertad a cinco personas que estaban siendo investigadas por su aparente complicidad en el ataque de la guerrilla.
Por vencimiento de términos quedaron libres Angie Lorena Solano Cortés; Andrés Felipe Oviedo Espinel; Miguel Antonio Castillo Rodríguez; Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes fueron señalados de planear y ejecutar el atentado terrorista con carro bomba al interior de la General Santander.
De acuerdo con el juez de conocimiento, estos sujetos debían quedar en libertad pues ya se había superado el tiempo establecido -527 días- para el inicio de un juicio en contra de estos implicados, quienes estaban sindicados de los delitos homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
Vale mencionar que solo hay una persona con la medida de detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista que se adjudicó el Eln. Se trata de Ricardo Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022.
Ese día, la Fiscalía General anunció la condena contra el sujeto por ser el responsable de arrendar la bodega en la que fue parqueada la camioneta utilizada para perpetrar el atentado.
El organismo de control también determinó que “una de las evidencias obtenidas en la investigación da cuenta de que, a través de una llamada telefónica, el hoy sentenciado le aseguró a una tercera persona que se había escondido porque estaba vinculado al ataque terrorista”. Así las cosas, fue declarado responsable de los delitos homicidio agravado, terrorismo agravado, homicidio en grado de tentativa avanzado, daño en bien ajeno agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
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