Convocan paro cívico en Arauca porque el Gobierno no ofreció ayudas a los damnificados por inundaciones

Campesinos y ganaderos en Arauca están desesperados por las inundaciones que se han producido en el departamento a causa de la temporada invernal. La búsqueda de soluciones a la situación produjo un choque de instituciones, por cuenta de la Defensoría del Pueblo que cuestionó el papel de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (Ungrd) en el cumplimiento de sus tareas.

La situación ha provocado protestas por parte de los afectados, por lo que se citó una reunión con los voceros y todas las autoridades entre el 15 y el 16 de junio. Se trataba de una mesa de diálogo y concertación para analizar los pliegos de peticiones de los líderes de la protesta. Pero esta concluyó sin acuerdos sustanciales según la Defensoría del Pueblo, por cuenta de la Ungrd.

“En una mesa de interlocución realizada este viernes en Saravena entre los gobiernos nacional y territorial y los voceros de la movilización social que se adelanta en Arauca desde el pasado 6 de junio y cuya principal exigencia es que sea atendida y conjurada la crisis invernal, causó molestia en la comunidad que la Ungrd no haya asumido compromisos concretos para atender la emergencia invernal que está causando estragos y pérdidas por el desbordamiento de varios ríos, caños y quebradas en ese departamento”, sostuvo la entidad.

El director de la Ungrd no asistió el director Olmedo López, quien llegó al cargo en abril. “Los servidores públicos de esa entidad, presentes en la reunión, manifestaron no tener la capacidad para comprometer a la Unidad en la atención de la situación”, agregó la Defensoría. Estas situaciones provocaron que los delegados de la protesta se levantaran de la mesa y anunciaran un paro indefinido a partir del 20 de junio.

Por esa situación, para la entidad genera “preocupación” la manera como la Ungrd está enfrentando las emergencias en el país. Carlos Camargo, defensor del Pueblo, hizo un llamado para que se cumpla con las funciones y su propósito misional de manera rigurosa porque considera que la “ausencia de atención” se ha hecho constante.

Hay cinco municipios con calamidad pública en Arauca, por cuenta del desbordamiento del río y las lluvias de las últimas semanas. Los sectores más afectados serían Clarinetero, Costa Hermosa, Monserrate y Manhattan. Allí llegó el gobernador encargado Wilinton Rodríguez (en el cargo por destitución del elegido) a repartir ayudas el 13 de junio, aunque la comunidad agradeció la entrega, advirtieron que no eran suficientes para los afectados.

La Gobernación asegura que ha articulado trabajos con la dirección general de la Ungrd, por ejemplo para la contratación de maquinaria que atendería los 16 puntos críticos ribereños identificados por las autoridades. Así como la oficina departamental ha realizado articulación con las alcaldías municipales y acuerdos con los ministerios de Defensa, Interior, Minas y Energía, Agricultura, el ICA, al igual que con el Invias para desarrollar las actividades de mitigación.

La entidad advierte que las inundaciones han dejado miles de damnificados por pérdida de viviendas, muebles, sembrados de pancoger, ganado y vías. Incluso que el pasado 26 de mayo falleció un niño de cuatro años por el desbordamiento del río Tigre en el municipio de Fortul.

“Ante el alto riesgo de que se presente una tragedia y afectaciones para la vida e integridad física de los habitantes de Arauca, la Defensoría del Pueblo remitió un requerimiento urgente al director de la Ungrd para que haga presencia en Saravena y disponga los recursos, maquinarias y medidas que permitan atender la calamidad pública que actualmente se presenta en el departamento. La ineficaz e inoportuna acción de las autoridades aumenta la condición de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en las zonas inundables”, advirtieron.

La Defensoría aprovechó para hacer eco de otra situación irregular en la Ungrd. “La Unidad tampoco hizo presencia en las reuniones convocadas para planificar la atención ante la eventual llegada masiva de colombianos desde Venezuela a Guainía y Vichada”, señalaron.

Por esta situación, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación a la Ungrd por los posibles incumplimientos en la planificación de la atención para más de 7.000 migrantes que podrían ser deportados del vecino país y llegar a esos departamentos.

“Los connacionales, que trabajan en las minas de Yapacana, estado Amazonas del país vecino, corren el riesgo de ser expulsados al no contar con permisos para ejercer su labor como mineros”, señalaron las autoridades del Ministerio Público.

“La planeación y correcta ejecución presupuestal y la contratación del número requerido de personal son aspectos fundamentales que deben cumplirse con la mayor rigurosidad en la Unidad. De ninguna manera pueden invocarse fallas internas como excusa ante la falta de acciones eficaces en situaciones de emergencia que demanden su concurso”, advirtieron.