
En las últimas horas el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia ordenó la demolición de dos pisos del Grand Sirenis, un edificio que estaba destinado a convertirse en el mayor complejo hotelero de la isla, y cuya construcción está vinculada con Álvaro Rincón, el esposo de la exvicepresidenta y exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Así lo reveló el periodista Daniel Coronell en su Reporte Coronell de la W Radio, medio ante el cual indicó que el proyecto, que ha generado controversias en la isla por la zona en la que se adelantan sus obras, se vincula a Rincón debido a que él es socio de Hitos Urbanos, la empresa que adelanta la construcción.
Pero la controversia no queda ahí. De acuerdo con Coronell, el proyecto hotelero también ha sido altamente cuestionado debido a la presunta apropiación de una playa.
“La más grave es que el edificio excede la altura permitida en la zona y la polémica licencia de construcción estaba basada en una interpretación legal que no convencía a mucha gente”, precisó el comunicador al citado medio.

La demanda
Por los motivos anteriormente mencionados, el abogado Juan Carlos Pomare presentó una demanda en la que solicitaba la nulidad de la licencia de construcción de Gallardo y Cía SAS, que fue desarrollada por Hitos Urbanos, informó Coronell.
Sobre el Grand Sirenis, Coronell recordó ante los micrófonos del citado medio que es una cadena hotelera española que actualmente tiene sedes en República Dominicana, México y Cuba. En el caso particular de su complejo en San Andrés, se tenía previsto que estaría listo este mes, pero a la fecha presenta retrasos en sus obras debido a las controversias anteriormente mencionadas.
La otra controversia en la que ha sonado el nombre de la exvicepresidenta y excanciller colombiana
Es de recordar que esta no es la primera vez que el nombre de la exvicepresidenta de Colombia es noticia en las últimas semanas. El pasado 6 de junio la Fiscalía de Nápoles (Italia) anunció la apertura de una investigación contra el exprimer ministro Massimo D’Alema por intentar mediar la venta de aeronaves militares de ese Gobierno a Colombia. Lo que más llamó la atención es que entre los indagados en el caso aparecía la también exministra colombiana de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez.
De acuerdo con la información revelada por el periódico italiano Corriere della Sera, los investigados habían sido promotores de la iniciativa de vender al gobierno colombiano productos de las empresas italianas, Leonardo y Fincantieri, con participación pública, operación con la que esperaban repartirse 80 millones de euros.
“Esta operación tenía por objeto favorecer y obtener de las autoridades colombianas la firma de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros y para conseguirlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilegal de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros”, explicó el rotativo italiano.
Entre los investigados colombianos, además de Marta Lucía Ramírez, también se incluyeron a Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, y Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Priego, delegados de comisiones del Senado de Colombia.
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