Abogado que “salvó” a Petro del fallo que lo destituyó e inhabilitó en 2013 ahora trabajará para Rodolfo Hernández

Luego de fallo de la Procuraduría General de la Nación contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que lo destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 14 años, el también exalcalde de Bucaramanga ya se prepara para apelar la decisión.

Para ello, se conoció que en las últimas horas Hernández contrató una ficha clave del actual presidente, Gustavo Petro.

El abogado que se apoderará del caso de Rodolfo y de apelar el fallo del ente de control, será Julio César Ortiz Gutiérrez. El reconocido licenciado egresado de la Universidad del Externado, ha ganado su prestigio, entre otras, por ser la persona que ayudó al hoy presidente de la República, cuando la Procuraduría también falló en su contra, en medio de un proceso disciplinario que se le adelantó al mandatario por el caso de las basuras en Bogotá, durante su periodo como alcalde de la capital.

Ortiz fue el creador de la movida jurídica del entonces alcalde mayor para defenderse del fallo emitido por el exprocurador Alejandro Ordóñez en 2013, que inhabilitaba al mandatario por 15 años para ejercer cargos de elección popular. El abogado, ante la imposibilidad de acción en el país para liberar a su apoderado, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y luego a la Corte Interamericana de Derechos, quienes fallaron a favor del político y devolvieron todos los derechos políticos a Gustavo Petro que lo llevaron hasta la Casa de Nariño.

Pero esta no sería la única hazaña lograda junto al actual presidente. Según se conoció, Ortiz es hombre de confianza de Gustavo Petro y lo ha acompañado como consejero en diferentes decisiones, como la de no renunciar a su curul cuando anunció su candidatura a la presidencia, para evitar ser investigado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

Julio César, además de tener el prestigio como litigante, de haber sido magistrado y obtener altos cargos en el Club El Nogal y en Millonarios, también se configura como ficha clave de Petro en Bogotá.

El presidente de la República designó a Ortiz Gutiérrez para ocupar un lugar en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, como representante del Gobierno nacional. El abogado ahora acompaña en la mesa a Polo Ávila Navarrete, hermano del actual embajador de Colombia en España; Marcela Morales, de Adepan y Roberto Robles, hijo del fundador de los desaparecidos supermercados Romy y el grupo Cooratiendas, como cuota del presidente ante la cámara capitalina.

Julio César ahora asumió el reto de represar a Hernández, quien fue inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos, en primera instancia, por irregularidades de su parte en el caso Vitalogic. El litigante desde ya tiene preparada la estrategia que usará ante el ente de control. Según comentó al periódico El Tiempo: “Ya leímos el boletín, vamos a intentar defendernos y llevar el caso hasta la CIDH. Creemos que la Procuraduría no tiene competencia de inhabilitarlo de esa manera”.

Por ahora será la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la procuradora Margarita Cabello, quien reciba el recurso de apelación que presentará el apoderado de Ortiz. Según se ordena por el órgano de control, será una sala distinta a la que sancionó al político, la que atienda la solicitud. Del mismo modo, se espera que las medidas cautelares ante la CIDH sean instauradas inmediatamente después del anuncio oficial de Rodolfo Hernández como candidato a la Gobernación de Santander.

El nombre de Rodolfo Hernández se vio relacionado con esta compañía y con la supuesta comisión de un delito entre junio y julio del año 2016. Por aquella época, Hernández pactó una reunión, en su penthouse, ubicado en el barrio Cabecera de Bucaramanga, con el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera.

La polémica cita, de acuerdo con lo que argumenta la Fiscalía, sirvió para que se hablara de la entrega de un contrato de consultoría por 344 millones de pesos al ingeniero químico, Jorge Hernán Alarcón. El ente acusador asegura que Rodolfo Hernández actuó como determinador al “sembrar la idea criminal en el gerente de la EMAB”.