La Fiscalía mantuvo firme sus acusaciones contra José Miguel Linares y Augusto Jiménez, presidente y expresidente de la multinacional Drummond, por haber financiado al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Cesar entre 1996 y 2001.
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la acusación contra los empresarios por los delitos de concierto para delinquir agravado, promover y financiar grupos armados al margen de la ley, acciones de lesa humanidad.
Según el fiscal que llevó el caso, adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, José Linares y Augusto Jiménez “habrían aumentado el valor de un contrato de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.
Los acusados habrían dado altas sumas de dinero a los grupos paramilitares a cambio de que estos brindaran seguridad y protección tanto a trabajadores como a la maquinaria en los procesos de extracción de carbón en los municipios de los municipios de Becerril, El Paso, La Jagüa de Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná en el Cesar.
En la acusación contra los empresarios se especifica que en los municipios en mención se ubicaban las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación y que los directivos “financiaron y promovieron (a los paramilitares), a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona”.
El jefe de la Dirección de Justicia Transicional del ente acusador, Salomón Strusberg, indicó que Linares y Jiménez conocían a detalle las operaciones transaccionales con los grupos paramilitares y velaban por la puntualidad en los pagos mensuales para la seguridad de sus operaciones mineras.
Los altos mandos de Drummond también fueron relacionados con el asesinato de los líderes sindicales Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, perpetrados por las autodefensas en el año 2001.
En esta investigación también fue llamado a indagación el exagente de la CIA James Lee Adkins, quientambién fue sindicado de colaborar con el frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Drummond fue acusada
Esta no es la primera vez que la multinacional minera es acusada de nexos con las autodefensas. En el pasado mes de abril, el exlíder paramilitar Jairo de Jesús Charris, alias ‘Viejo Miguel’, le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los asesinatos sistemáticos de sindicalistas fueron órdenes directas de Gary Drummond, dueño de la empresa carbonífera.
Alias ‘Viejo Miguel’ también involucró en los hechos a Augusto Jiménez Mejía, y el expresidente mundial de la multinacional minera, Mike Tracy, quienes creían que los sindicatos de la empresa estaban infiltrados por guerrilleros de las Farc y que estaban colaborando para que los subversivos atacaran los trenes que transportaban el carbón hacia Santa Marta.
Frente a las acusaciones del exlíder paramilitar, Drummond emitió un comunicado desmintiendo los hechos y aseguró que todo se trataba de un complot en su contra promovido por juristas colombianos y estadounidenses para desacreditar las actividades mineras de la empresa.
“Han logrado que esos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y, ahora, ante la JEP (...) Jairo de Jesús Charris miente al señalar a Drummond Ltd. y a sus directivos de tener relación con homicidios perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Miente para beneficiarse a sí mismo. Primero, recibió pagos sustanciales de abogados que intentaban ganar dinero en una demanda en los Estados Unidos”, indicó la compañía.
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