Luego de que se prendieran las alarmas por la llegada de una encomienda a Bogotá desde el municipio de Unión Panamericana, en Chocó, el pasado 9 de septiembre de 2022 a través de una reconocida empresa de envíos de la capital, la Policía Judicial estableció que el paquete fue despachado por el cabo segundo del Ejército Luis Diego Tovar Montealegre, inscrito a un batallón con sede en el departamento chocoano.
Según las investigaciones, el destino final de la encomienda era Florencia, en el departamento de Caquetá, pero logró ser interceptado gracias al sistema de seguridad de la empresa que, al someterlo a pruebas de escáner, encontró que en su interior había diez cajas con munición. Luego de un conteo se constató que se trataba de 474 cartuchos calibre 555 pertenecientes al batallón del que hacía parte del suboficial.
Las pesquisas del ente investigador determinaron que el uniformado habría solicitado la ayuda de una mujer para hacer el envío bajo engaños, presuntamente informándole que se trataba de un encargo para su mamá, quien necesitaba baterías para paneles solares.
En cuanto a sus destinatarios, la Fiscalía General de la Nación estableció que dicho cargamento iba dirigido hacia grupos armados ilegales que delinquen en el oriente del país.
El hoy procesado fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Caquetá, en conjunto con uniformados del Gaula Militar y la Policía Nacional de Florencia.
Al sindicado la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos. El cabo segundo Luis Diego Tovar Montealegre aceptó los cargos luego de que el ente acusador revelara el material probatorio, y una juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
No es el único caso
A los recientes hallazgos de la Fiscalía, se suma la captura de dos sargentos del Ejército en abril de 2023. Según investigaciones, los uniformados tenían la función de almacenar el armamento y la munición en algunos batallones del país pero en su labor, aparentemente desviaron material de guerra exclusivo de las fuerzas armadas para usos ilícitos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Tolima, donde estuvieron prestando sus servicios.
Los militares fueron identificados como Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías acusados de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con fines de tráfico ilegal.
Dentro de pruebas con la que cuenta la Fiscalía, se encuentra la desaparición de una ametralladora M249 que el sargento Rodríguez Lancheros reemplazó por una réplica que no funcionaba. También se le investigó por presuntamente desviar fusiles y munición de forma sistemática. “Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades”, aseguró el delegado del ente acusador.
Asimismo, a Angulo Lozano se le comprobó la desaparición de 28.000 cartuchos calibre 556 que estaban a su cargo mientras servía como almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército de Medellín. Por esas irregularidades “es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas”, según indicó la Fiscalía.
El sargento Rodríguez Lancheros fue acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
En el caso del uniformado Angulo Lozano, el delegado lo acusó de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de las fuerzas militares. Ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, el juez decidió que deberán permanecer detenidos con medida de aseguramiento carcelaria.
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