Judicializaron a pareja señalada de contratar modelos webcam para actividades de contrabando

Carlos Arturo Rubiano Corredor y Leidy Tatiana Pachón Hurtado son las personas procesadas por ofrecer empleo como modelo webcam a jóvenes que frecuentaban un bar del barrio Soacha (Cundinamarca). Según información otorgada por la Fiscalía General de la Nación, la pareja presuntamente convencía a las víctimas de participar en una grabación de videos con contenido para adultos. Decían que el rodaje debía hacerse en un inmueble ubicado en Bogotá.

Luego, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, encargada de investigar el caso, logró establecer que, cuando Rubiano Corredor y Pachón Hurtado se ganaban la confianza de las jóvenes a las que supuestamente contrataban, les pedían recoger todo tipo de mercancías, que camuflaban como “encomiendas”.

El material de contrabando que traían las mujeres eran perfumes, prendas de vestir y repuestos para carros, los cuales no cumplían con la normatividad aduanera requerida para que pudieran ser ingresados al país. Sin embargo, la pareja podría haber logrado la entrada de los productos gracias a la utilización de sellos notariales y a la falsificación de documentos, los cuales se presentaban al ingreso de territorio nacional para hacer parecer la mercancía como legal.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) pudo capturar a Carlos Rubiano y a Leidy Pachón en Bogotá. Según la Fiscalía General, durante el allanamiento, el CTI incautó 55 millones de pesos en efectivo, celulares, tabletas, memorias USB y dos armas traumáticas.

Luego, el ente acusador imputó cargos a la pareja por concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Según el Código Penal Colombiano, alguien es imputado por contrabando cuando introduce o extrae del país mercancía que no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que no cumple con las normas aduaneras. El delito puede acarrear de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa que sea el 200% o el 300% del valor aduanero de la mercancía.

Por su parte, el delito de concierto para delinquir ocurre cuando carias personas se asocian para cometer un acto fuera de la ley. Por esto, pueden llegar a tener de 48 a 108 meses de prisión. Sin embargo, cuando los fines son para realizar actividades de contrabando, los condenados pueden estar privados de la libertad de seis a 12 años y, además, deberán pagar una multa de 2.000 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Frente al delito de falsedad material en documento público, el código establece que se presenta cuando dicho documento falsificado puede servir de prueba. La pena puede ser de 48 a 108 meses de prisión.

Por otro lado, la falsedad en documento privado, también se da cuando dicho documento puede servir de prueba, pero, en este caso, los meses de cárcel van desde los 16 a los 108.

De acuerdo con datos que dio a conocer la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en marzo de 2023, el ingreso de dinero al país equivale a $25 billones de pesos cada año.

“Dicha cifra es superior a la de muchos sectores de la economía y se podría decir que ronda dos puntos porcentuales del PIB. Reconociendo el tamaño de este fenómeno, nos reunimos aquí con el fin de adelantar acuerdos y tomar decisiones para dar un paso adelante en el propósito de acabar con estas actividades que son tan nocivas para el sector empresarial y la ciudadanía en general”, afirmó en su momento Bruce Mac Master, presidente de la Andi. La cifra la dio a conocer en la instalación del VIII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac).

Luis Carlos Reyes, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aseguró también que, para 2021, en Colombia se movieron $30 billones de pesos en mercancía de contrabando. Por este tipo de productos no se pagan impuestos ni aranceles, lo que quita recursos a proyectos destinados al sector de la salud y a la educación.

“Sabemos que este fenómeno pone en desventaja a los empresarios formales que deben pagar costos superiores a los de la ilegalidad para adelantar su trabajo, pero además el comercio ilícito financia actividades criminales que socavan la democracia. Estamos adelantando una serie de medidas, entre las que podemos destacar la modernización de la Dian”, señaló el director durante el encuentro.