Carlos Hernán Rodríguez buscará que el Consejo de Estado cambie el fallo en contra de su elección

Luego de que el Consejo de Estado decretara la nulidad de la elección como contralor de Carlos Hernán Rodríguez y ordenara rehacer el proceso desde la convocatoria, se conoció la reacción del alto funcionario, en la que resumió su postura en cuatro puntos.

A través de un comunicado publicado en la página de la entidad, Rodríguez primero expresó: “Quiero manifestar mi satisfacción personal por liderar una entidad de la mayor importancia para el correcto funcionamiento del aparato estatal, que cuenta con un robusto equipo directivo, el cual, en unión con la excelente y profesional planta de funcionarios, se formuló un retador plan estratégico que estamos seguros llevará a la entidad a los niveles de eficiencia y eficacia exigidos, generando los resultados que la sociedad reclama de nosotros”.

En un segundo punto indicó: “Colombia, su institucionalidad y especialmente el control y la vigilancia fiscal de los recursos públicos, requieren del respeto y acatamiento de las decisiones de los jueces. Como ciudadano, abogado constitucionalista y docente en esta materia, haré eco de la concepción que he transmitido siempre en torno a la majestad de la justicia: sus decisiones se respetan y se cumplen sin ambages”.

En tercer lugar, señaló: “Hago un llamado a los funcionarios de la Contraloría General de la República, para que mantengamos inalteradas nuestras actividades y funciones con el compromiso de siempre. Les pido que la decisión que propicia este comunicado, y sus consecuencias, no alteren el normal desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal y el cumplimiento de las acciones y proyectos formulados en nuestro Plan Estratégico 2022-2026. “Una Contraloría con independencia para el cambio”, en el que se refleja la idea de la Contraloría que necesita Colombia en sus próximos 100 años”.

Por último afirmó: “Debo manifestar igualmente que, sin el ánimo de obstruir o alterar el buen funcionamiento de las instituciones, pero en consonancia con los preceptos del estado social y democrático de derecho que adoptó el constituyente, así como la Ley y la jurisprudencia de las altas Cortes, estimo pertinente como ciudadano transitar los caminos que permitan la reconsideración de aquellos aspectos que propiciaron el resuelve del Honorable Consejo de Estado”.

En un principio, recién se conoció el fallo del Consejo de Estado, el contralor se había pronunciado a través de su cuenta de Twitter: “Respeto y acato las decisiones Judiciales. Lo más importante es Colombia y su estabilidad Institucional. La Contraloría activa y altiva ad portas de su centenario cumpliendo su labor misional”.

La anulación de Rodríguez se da tras una denuncia interpuesta por los representantes a la Cámara Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño y el exrepresentante Jorge Gómez; ante el Consejo de Estado.

Declaración del Consejo de Estado

La Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que en la elección del contralor se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

El Consejo de Estado explicó que, aunque el Congreso de la República invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera -como ocurrió en este caso- ni mucho menos de la variación de la convocatoria inicial del proceso.

Adicionalmente, se encontró que la sesión plenaria en que el señor Rodríguez Becerra resultó elegido, no fue convocada con la antelación establecida en la ley. En suma, se declaró la nulidad de su elección y se ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de designar contralor general de la República, para lo que resta del período constitucional.