La subida de aranceles para proteger los sectores de la industria, la agricultura y el trabajo nacional, así como para contrarrestar el elevado nivel de las tasas de interés que propuso el presidente Gustavo Petro la primera semana de mayo sigue dando de qué hablar, ya que los empresarios del país, exactamente importadores y exportadores, no lo ven con buenos ojos, debido a que se encarecerían muchas cosas y Colombia lesionaría las relaciones comerciales con otros países.
Además, de lo anunciado por Petro, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, confirmó que el Gobierno está dispuesto a hacerlo, así como tomar medidas antidumping.
No obstante, al rechazo de los empresarios se sumó ahora la voz de un experto. Se trata del decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Miguel Gómez Martínez, expresidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).
Al respecto, Gómez Martínez afirmó que el aumento de aranceles es sinónimo de más pobreza.
“Subir los aranceles para proteger la industria nacional es una receta que siempre y en todas partes ha aumentado la pobreza”, anotó el economista al advertir que subir los aranceles, que son los impuestos que se deben pagar cuando se importa un bien o un servicio al país, no mejorará la situación de la economía.
Por eso, dijo que es importante tener en cuenta que la razón por la cual se importan productos al país es porque no se tiene suficiente producción local o porque los costos son más elevados que los que se registran en otras economías.
Según el Decano de Economía de la Universidad del Rosario, “en las guerras comerciales los que finalmente pagan los platos rotos son los ciudadanos, quienes tendrán menos disponibilidad de productos y a precios más altos”.
No es una buena idea
Para el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz Molina, en definitiva, no es una buena idea del Gobierno nacional subir estos aranceles. Esto, debido a que lo que sucederá es que los productos importados serán más costosos, por lo tanto, se castigaría al consumidor final.
Díaz Molina, en una columna de opinión para La República, escribió que en la actualidad hay múltiples insumos que importa Colombia y que se necesitan bien sea para consumo interno o para la elaboración de productos de exportación.
Sin embargo, anotó que si el Gobierno nacional invoca el argumento de seguridad nacional para aplicarlo, esto podría afectar las relaciones con esos socios comerciales, ya que estos no se quedarían quietos y podrían también imponer a Colombia barreras comerciales.
Anotó en la columna que aun cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite generar protecciones por razones de seguridad nacional, el Gobierno traza una línea gris que agrega interpretaciones que podrían llevar en el futuro al incumplimiento de acuerdos internacionales.
Enfatizó que la implementación de este tipo de aranceles puede llegar a tener objetivos legítimos bajo la seguridad nacional, pero al no ser “taxativas” las situaciones de aplicación se genera una situación de incertidumbre jurídica que podría ir en contravía a las investigaciones administrativas previstas en la OMC.
Según él, con este tipo de normas se sabe dónde se inicia la aplicación, pero no dónde termina o queda el límite.
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