Canciller Álvaro Leyva insiste en pedir una comisión internacional para investigar el “entrampamiento al proceso de paz”

El canciller Álvaro Leyva presentará una serie de documentos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para plantear la creación de una comisión internacional que investigue el supuesto entrampamiento a la paz. Esto después de que se negara un alegato de Néstor Humberto Martínez en contra del anuncio del ministro de Relaciones Exteriores.

Leyva planteó esa solicitud el 24 de marzo de 2023 en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en la que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

El jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, detalló en el informe la denuncia de la Jurisdicción Especial para la Paz en la Fiscalía en contra de funcionarios de ese órgano por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018, durante el trámite de garantía de no extradición del exlíder de las Farc-EP Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich.

Leyva tomó la palabra posteriormente y se refirió a ese punto. “Siento llamar la atención del Consejo de Seguridad porque si tenemos enemigos del proceso de paz (...) se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigación”.

Los hechos denunciados ocurrieron bajo la administración de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. Aunque la denuncia de la JEP no incluye su nombre ni el canciller lo mencionó en el Consejo de Seguridad, el exfiscal reaccionó después y recusó a Leyva para que se abstuviera de tomar decisiones respecto al entrampamiento.

“Curiosamente, sin haber mencionado nombres propios, el ciudadano colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, abogado de profesión, elevó una acción de recusación dirigida a impedir actuaciones del Canciller en el sentido por él anunciadas ante el referido organismo de Naciones Unidas”, señaló la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consejo de Ministros reunido el lunes 8 de mayo, sin la presencia de Leyva, negó la recusación interpuesta por el señor Martínez Neira.

Una vez se tomó esa decisión, el canciller enfiló baterías para buscar que un organismo internacional investigue lo que Gustavo Petro, siendo senador, calificó como un entrampamiento al Acuerdo de Paz, durante un debate de control político junto a Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino.

“En consecuencia, el Ministro Leyva comunica que procederá de conformidad a lo por él afirmado ante el Consejo de Seguridad en su última comparecencia. Su acción irá acompañada de copias debidamente expedidas de la denuncia penal presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, así como de la carta enviada el 19 de julio de 2022, por Caterina Heyck Puyana, Magistrada de la Sección de Revisión Tribunal para la Paz, JEP”, informó la Cancillería.

En esa carta dirigida a todos los magistrados, Heyck Puyana advierte de irregularidades en el caso del exfiscal Carlos Julián Bermeo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien fue capturado por tráfico de influencias al interior del tribunal especial. En la carta ella renunciaba a su cargo de magistrada, por considerar que se debía ahondar en la investigación del entrampamiento.

“En mi criterio, el capítulo judicial e histórico de la garantía de no extradición del señor Hernández Solarte (Jesús Santrich), en el que quienes la decidimos tuvimos que afrontar todo tipo de dificultades, desde la prohibición para practicar pruebas, hasta la más desleal manipulación mediática y campaña de desinformación de la Fiscalía, es uno de los más oscuros episodios de la guerra contra la paz en Colombia”, señaló.

En ella también describió una serie de irregularidades respecto a Martínez Neira e incluso señaló que había recibido varios mensajes de Ernesto Yamhure, así como advertía de varios hechos que fueron incluidos en la denuncia penal que presentó medio año después la presidencia de la JEP en contra de funcionarios de la entidad.