
En Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare la fuerza pública volverá a combatir a la disidencia guerrillera autodenominada Estado Mayor Central de las Farc, luego de que se suspendiera el cese al fuego pactado con el Gobierno nacional. Los insurgentes en esos territorios tuvieron tres días para reacomodarse ante el retorno de las hostilidades.
“Luego de haberse adoptado la decisión de suspensión del cese en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, el Comando General de las Fuerzas Militares y la dirección de la Policía Nacional empezaron a disponer las acciones que deben desarrollarse, particularmente en las Fuerzas Militares, las acciones ofensivas que puede retomar entonces en virtud de la suspensión del cese”, señaló el ministro de Defensa Iván Velásquez en el canal de comunicación oficila del Gobierno Colombia Hoy Radio.
Según explicó el ministro, se evalúa cuál es la presencia de las fuerzas militares en los cuatro departamentos en los que, unilateralmente, se decidió dar por terminada la tregua; en los que se espera también la llegada de atención institucional. Así mismo, con inteligencia estarían verificando cuáles son las ubicaciones del EMC Farc en esos territorios.
“En todo caso lo fundamental de fuerzas militares y policía nacional es poder brindarle tranquilidad, seguridad a la población”, explicó Velásquez. El jefe de la cartera de seguridad señaló que esta estructura armada “ya han dado suficiente de demostración de que no están en del cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, por lo que las fuerzas militares deberán proteger a la comunidad e impedir que se ejecuten esas violaciones.
La disidencia dirigida por alias Iván Mordisco anunció, por medio de un comunicado, que la suspensión unilateral del cese al fuego “desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”, que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, consideró como una amenaza.
Ese efecto fue desestimado por el ministro de Defensa porque durante el cese al fuego, el EMC Farc no detuvo las agresiones en contra de las poblaciones. “La suspensión del cese no significa una mayor afectación [...] Lo que sabemos es que el Estado Mayor Central hizo dos, tal vez, acciones en contra de fuerza pública, pero que las acciones en contra de las comunidades fueron persistentes en el tiempo hasta este punto del asesinato de los cuatro menores indígenas”, sostuvo.

Velásquez señaló que en el mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación se estaban analizando varias acciones respecto a la extorsión que aumentó por parte del EMC Farc puntualmente en estos territorios, homicidios selectivos, entre otros. “Esta última acción en contra de menores indígenas, ya era una demostración fehaciente de incumplimiento”, señaló.
El ministro descartó que se considere declarar estados de excepción en los cuatro departamentos en los que se retomarán las acciones ofensivas. Señala que la suspensión del cese al fuego no debe implicar una ruptura en las posibilidades de paz y que sigue abierta la posibilidad de instalar la mesa para conversar un acuerdo de paz con ese grupo armado.
“Una acción que se ha definido ya desde el Consejo de Seguridad que tuvimos en Caquetá y también la reunión con los mandos que sostuvimos en el Meta la semana pasada, para que haya unos planes concretos un plan de choque contra la extorsión en estos departamentos en los que como se ha conocido, y lo reconocemos, ha habido un incremento real en esta práctica extorsiva particularmente desde el Estado Mayor Central”, señaló Velásquez.
El gobernador del Meta señaló que esta decisión no es únicamente por el homicidio de los menores de Putumayo fusilados en Caquetá, sino que esa fue la gota que derramó el vaso. “Todos los demás hechos delincuenciales, secuestro, reclutamiento, extorsiones que estaban perjudicando a la población”, aseguró.
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