Los cerca de 500 cambuches que habían sido construidos por 850 indígenas emberá-katío del Alto Andágueda del Chocó, en los alrededores de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez de Medellín, empezaron a ser desmontados por parte de la Administración Distrital: como parte del primer paso hacia el retorno de esta comunidad a sus resguardos.
William Vivas Lloreda, personero de la capital antioqueña, indicó que las comunidades que se asentaron en el último mes en esta zona del centro de la ciudad empezarán a regresar a sus casas, desde este martes 23 de mayo: cuando se dé inicio al éxodo que los llevará de nuevo a sus territorios.
De estos 850 miembros de las comunidades, el 51 por ciento son niños y adolescentes, por lo que se hace necesaria la presencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.
Cabe destacar que los integrantes de esta población indígena indicaron haber sido desplazados por grupos armados ilegales de sus tierras, en Bagadó (Chocó), por lo que se asentaron en Medellín a la espera de poder quedarse en la capital.
“Por el momento todo está dispuesto para el retorno de estas comunidades a sus territorios y poder desde allí desarrollar su cosmogonía, toda su cosmovisión. El compromiso de ellos es mantenerse en la comunidad, de proteger a los niños y mientras duren las condiciones de seguridad, permanecer en sus territorios y no regresar a Medellín”, manifestó Vivas Lloreda a Caracol Radio.
Con este regreso, más de 360 estudiantes de esta institución podrán recibir de nuevo sus clases sin novedades, tras ponerse fin a la invasión. Y no sufrirán más de problemas respiratorios, pues al cocinar con leña la humareda que se generaba con las fogatas de estos indígenas afectaba el normal desarrollo de la jornada escolar, pues el humo invadía los salones.
Estas comunidades son originarias de la zona limítrofe entre Chocó y Risaralda. Habían construido improvisados refugios, con bolsas plásticas, sábanas viejas y palos, tras salir de los inquilinatos en los que se encontraban, pues no pudieron pagar más la estadía en estos sitios.
“Ya la logística está completa. Lo único que estamos pidiendo es que tengamos acompañamiento permanente de las autoridades y que nos entreguen 3.600.000 pesos a cada familia, para comprar madera, comida, entre otras cosas”, dijo Elkin Vitucay, en declaraciones recogidas por Blu Radio, en las que, además, denunció negligencia de la Alcaldía.
La disposición de la Personería de Medellín es que este grupo de indígenas deberá salir de la ciudad antes del domingo 28 de mayo, plazo máximo que entregaron las autoridades locales para garantizar un retorno seguro a sus resguardos, mediante un concepto de seguridad, luego de cuatro meses de ocupación por diferentes lugares del centro.
Incidentes con el alcalde Daniel Quintero
Para darle celeridad al regreso de estos indígenas a suelo chocoano, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó el pasado 3 de mayo que el Distrito estaba dispuesto a instaurar una acción de tutela; trámite jurídico que dejó en manos del gerente encargado de Etnias de Medellín, Alexis Mejía.
Y es que durante los cuatro meses de presencia de esta comunidad en la ciudad, Quintero tuvo una serie de rifirrafes, como cuando el 22 de febrero del 2023 un grupo de indígenas ingresaron de forma violenta al Centro Administrativo La Alpujarra, en donde se encuentra la sede de la Alcaldía, y ocasionaron graves daños en las instalaciones.
En aquella oportunidad, el mandatario local denunció explotación infantil por parte de los manifestantes, quienes a su juicio usaban los menores en sus protestas, con el propósito de evitar la intervención de las autoridades.
“Los mandan a pedir plata, a bailar hasta altas horas con los extranjeros, los dejan en camionetas de lujo, de alta gama, los van dejando en varios puntos”, denunció Quintero.
“Más de 100 niños utilizaron para la toma de la Alcaldía, lo que obligó al desalojo de las instalaciones de La Alpujarra. Esta protesta se da debido a que en los últimos días y en las últimas semanas, con la gerencia de etnias y el ICBF, con la Policía de Infancia y Adolescencia, hemos venido realizando unas tareas para unas intervenciones”, añadió.
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