El polemico Andrés Escobar aseguró ser miembro de una ONG canadiense de derechos humanos: la organización lo desmintió

Andrés Escobar, el hombre imputado por haber disparado en contra de manifestantes en Cali durante el paro de 2021, difundió en medio de sus aspiraciones electorales un supuesto carné que lo acreditaba como defensor de derechos humanos de una entidad llamada Canadian Human Rights International Organization - CHRIO. Poco después la entidad lo desmintió y señaló que ni es voluntario ni se hace responsable de sus actos.

Contrario a la investigación que le sigue la Fiscalía en su contra, Escobar González buscó presentarse como un defensor de los derechos humanos. Habría conseguido un carné como voluntario de una ONG canadiense con oficina en el Pacífico y la compartió en sus redes sociales con un reivindicativo mensaje político.

“Es necesario impedir que sigan expropiándolo todo, discursos y narrativas que por años asumieron que lo de todos nosotros les pertenece exclusivamente a ellos y llevaron a desnaturalizar aspectos tan fundamentales como los DDHH y sus mecanismos de protección. Los derechos humanos no tienen ideologia, son de y para todos y estamos obligados a Defenderlos. Gracias @CHRIOCANADA”, escribió el candidato al Concejo de Cali con fotografías del documento que supuestamente le daba crédito de promotor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero su filantropía duró poco. Apenas unas horas después de su publicación, la organización Chrio compartió un comunicado en el que señaló que Andrés Escobar no era representante suyo en ningún lugar del mundo, al parecer porque habrían decidido retirarlo de la misma.

A través de un comunicado, la Chrio señaló que actúan neutralmente frente a opiniones de política y religión por ser una dimensión estrictamente personal, por lo que las opiniones y expresiones son asumidas por cada individuo que las da a conocer, como parte de los principios de la organización.

“Por lo tanto, la particularidad de las personas en actos que pongan en riesgo la credibilidad de la Organización CHRIO, por la violación de Estatutos Corporativos y de confidencialidad, la organización aplica los procedimientos de retiro de cualquier voluntario que haya trasgredido o utilizado su nombre, siglas, prendas, membretes y enlaces de redes sociales lo que es la apropiación de consignas corporativas como el uso del carnet y hashtags de CHRIO para fortalecer opiniones o actuaciones particulares sin ninguna autorización o aval”, dijo la ONG en su comunicado.

“Por lo que el señor RAFAEL ANDRES ESCOBAR GONZALEZ, no hace parte de la organización CHRIO Mission Región Pacifico y de ninguna parte del mundo y no se hace responsable de sus actos y actividades”, agregó la organización. El documento estaba firmado por José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de Chrio Región Pacífico .

Si bien la organización citó el procedimiento de retiro en su comunicado, al final señaló que Escobar González no hace parte de la misma, por lo que no es claro si este fue expulsado tras haberse inscrito como “voluntario” con fines políticos, o si no fue cierto que fuera acogido por la misma ONG.

El mismo Escobar compartió después el comunicado, pero el suyo tenía un pequeño cambio, una palabra adicional que no está en el original, que resaltó con un subrayado rojo. En esa se aclaraba que “el señor RAFAEL ANDRES ESCOBAR GONZALEZ, ya no hace parte de la organización CHRIO Mission Región Pacifico”.

Según Escobar, fue la presión de las “bodegas”, activistas coordinados en redes sociales, la que llevó a la organización canadiense a desvincularlo. “Para mi es la mejor prueba que en Colombia los Derechos humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda. Seguiré con el activismo, la defensa de los DDHH y mis aspiraciones políticas, por ahora en pro de mi ciudad y sus habitantes”, sostuvo.

Escobar González deberá ir a juicio por los delitos de usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos y amenazas agravadas por el nivel de intimidación, que le fueron imputados por la Fiscalía, a raíz de haber utilizado un arma, junto a miembros de la Policía Nacional, el 28 de mayo de 2021 cuando llegaron manifestantes al barrio Ciudad Jardín.