Cancillería de Perú arremetió contra Gustavo Petro y AMLO: “Son declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizádas”

La Cancillería peruana se fue lanza en ristre en contra de los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por insistir en que las acciones del ahora expresidente del Perú, Pedro Castillo, el 8 de diciembre de 2022, no solo no fueron un golpe de estado, sino que las acciones posteriores de la Fiscalía de ese país violaron los derechos del exmandatario.

“El Ministerio de las Relaciones Exteriores de Perú expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Gustavo Petro de Colombia y López Obrador de México, quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, reconocida ampliamente por la comunidad internacional”, comenzó por advertir Ana Cecilia Gervasi, quien posteriormente dijo que ambos mandatarios están desconociendo los principios democráticos de la región.

“Esta posición evidencia, una vez más, su actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región, plasmados en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Carta Democrática Interamericana. En particular, en lo relativo a la defensa de la democracia que constituye una obligacionista que compromete a todos los estados”, añadió la canciller Gervasi.

Dicho esto, la jefe de la cartera diplomática de Perú continuó diciendo que las declaraciones de ambos presidentes eran una forma de distraer la atención de sus problemas de gobernabilidad.

“Muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países”, añadió la Canciller, quien acto seguido se refirió exclusivamente al presidente colombiano y a sus declaraciones relacionadas con la Fiscal del Perú y motivo por el cual, dijo, no reconoce la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático.

“Las referencias particulares del señor Petro sobre la fiscal, adem{as de faltar a la verdad y es una clara demostración de su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las fiscalías en el marco de un sistema democrático”, indicó la canciller, quien después ahondó en la posición asumida por López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú y que el mismo AMLO indicó, era respaldada por su homologo colombiano.

Las declaraciones de Petro

Ahora bien, para poder aterrizar las declaraciones de la canciller específicamente frente al presidente de Colombia, hay que entender cual fue la posición, desde un principio, del gobierno colombiano, y si en efecto puede ser catalogado de “injerencia”.

Tras 495 días de gobierno, el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, trató de disolver al Congreso de su país. Ese día el mandatario había expresado lo siguiente:

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo hace ya cinco meses el ahora expresidente Castillo.

Esta acción fue calificada por todos los poderes del Estado como ‘golpe de Estado’, pero desde afuera la postura de mandatarios como Gustavo Petro ha sido otra pues, si bien rechazó el mecanismo empleado por Castillo, advirtió que en su contra ya se estaba adelantando un golpe de estado.

(Cuando fui a visitarlo) “Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra (...) Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia”, trinó el 8 de diciembre de 2022 el presidente.

Y hace do días, a través de un, paradojicamente, extenso trino, el presidente Petro condenó las visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, “donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista”.

¿Sí está siendo Petro injerencista?

Punto aparte, con todas las piezas listas para armar el rompecabezas emerge la pregunta central: ¿es injerencia la postura del presidente Petro? Para responderse esta pregunta Infobae Colombia consultó al internacionalista experto en temas latinoamericanos, Mauricio Jaramillo, quien explicó por qué no lo es; por el contrario, es una obligación del Estado colombiano que está asumiendo el presidente.

“Yo no estoy seguro de que el gobierno colombiano esté defendiendo a Pedro Castillo. Lo que ha hecho Gustavo Petro es considerar que a Castillo se le violaron derechos procesales y eso tiene sentido desde que la Fiscalía decidió ordenar su detención preventiva, algo que es muy difícil de justificar. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creo que hay razones de peso para pensar que efectivamente se le han violado derechos procesales”, le explicó

Y frente al hecho de haber catalogado las declaraciones del presidente de injerencias, el internacionalista dijo que “ahí hay una discusión porque los estados están en la obligación de denunciar cuando hay un atentado en contra del orden constitucional y eso es lo que está entendiendo el presidente Gustavo Petro que está ocurriendo en Perú. Para él no hubo una destitución legitima de Castilllo sino que él fue empujado a disolver el Congreso por fuerzas que él considera oscuras, poderes fácticos y que Castillo fue objeto de un golpe”, añadió.

Y concluyó que en América Latina hay una tradición que cuando existen este tipo de golpes, como el de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, los estados están en la potestad de desconocer los gobiernos de facto “y la interpretación de nuestro gobierno es que Castillo fue expulsado del poder injustamente y que Colombia está en el deber de pedir que se reestablezca el orden constitucional por el que fue elegido”, concluyó el internacionalista.