Ayudar a vigilar los dineros que reciben El Salvador y Nicaragua de banco multilateral, le pidió Human Rights Watch al gobierno de Colombia

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), solicitó a los representantes de Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por medio de una carta, impulsar auditorías sobre los préstamos que recibe de El Salvador y Nicaragua a través del organismo.

En el escrito, enviado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y a José Roberto Acosta, director de Crédito Público, antes de la reunión de la Asamblea de Gobernadores del BCIE, se pide a la nación utilizar su voto “para aumentar la transparencia y el escrutinio sobre el financiamiento otorgado a El Salvador y Nicaragua”.

HRW advirtió que los préstamos que entrega el Banco Centroamericano de Integración Económica a estos países podrían estar reforzando la violación de DD. HH., y a esto se suma que se habrían debilitado los contrapesos en el la entidad multilateral, por ejemplo, la destitución del jefe de la Oficina de Auditoría Interna, Francisco Rodríguez.

Panorama con El Salvador

Human Rights Watch recordó que desde que Nayib Bukele asumió el poder en El Salvador ha “socavado gravemente las instituciones democráticas”. Además que desde el mes de marzo del 2022 gobierno un régimen de excepción con el que suspende algunos derechos constitucionales como respuesta a la crisis de violencia por las pandillas, todo esto ha resultado en detenciones arbitrarias.

En la actualidad, ‘‘el BCIE tiene 13 préstamos activos para financiar al gobierno de El Salvador, con fondos aprobados por un total de más de 1.300 millones de dólares”, y recalca que gran parte de estos préstamos están destinados a organismos estatales que se relacionan a violaciones de derechos humanos como la Policía, Ministerio de Defensa, sistema carcelario o Fiscalía.

Por todo esto HRW solicitó a Colombia en cabeza del ministro de Hacienda y la Dirección de Crédito Público ‘’solicitar al BCIE que suspenda estos préstamos hasta que las autoridades de El Salvador establezcan las salvaguardas necesarias para garantizar que estos fondos no se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos”.

Perspectiva con Nicaragua

Human Rights Watch recordó que la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua data desde el 2018 año en el que inició la concentración de poder del gobierno de Daniel Ortega, mandato que ha recibido denuncias por violaciones relacionadas a asesinatos, encarcelamientos, violencia sexual, tortura, persecución política y deportaciones forzadas.

Con este escenario HRW solicitó al país garantizar que el Banco Centroamericano de Integración Económica no aporte a la violación de DD. HH., en Nicaragua tomando como base que el Banco tiene 24 préstamos activos que suman un total de 3.500 millones de dólares que deben destinarse a proyectos de infraestructura, pero que se desconoce al 100% para qué se utiliza el dinero.

“El gobierno de Colombia debería exigir una auditoría externa e independiente de toda la financiación otorgada a Nicaragua. Esta medida garantizaría que los fondos no contribuyan a violaciones de derechos humanos y solo sean empleados para garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de los nicaragüenses”, resaltó la Organización No Gubernamental.

En relación a la Asamblea de Gobernadores

La LXIII Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores se celebrará en República Dominicana el 12 de mayo de 2023. Este se consagra como el evento más importante para el BCIE donde se toman decisiones de impacto que inciden positivamente en el desarrollo socio-económico de los habitantes de los países miembros.

La Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad del Banco y según mandato del Convenio Constitutivo del BCIE, se debe celebrar reunión ordinaria una vez al año. Cada país socio nombra un gobernador titular y un suplente que pueden ser el Ministro de Economía, Ministro de Finanzas, Crédito Público, el Presidente del Banco Central, o a quien corresponda la representación según el derecho interno de cada país.