Desde el año pasado se destapó una gran olla de corrupción y mafia al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), todo comenzó con una camioneta de la institución que fue detenida por llevar al interior varios kilos de cocaína. Lo que desencadenó en que se hayan revelado varios asuntos, entre ellos los negocios que tenían con los autos de la unidad donde el principal protagonista sería, presuntamente, Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos de la entidad que estaría vendiendo esquemas de seguridad y cobrando sobornos.
Además, se reveló que uno de los autos de la organización fue usado para la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’ de la cárcel La Picota de Bogotá y que posteriormente fue encontrado sin vida.
Pasado ya varios meses se han determinado varias cosas. Entre estas que la red es más grande de lo que aparece, ya que no solo están implicados funcionarios de la UNP, sino que hay muchas más personas como: políticos, ganaderos, periodistas, comerciantes, escoltas, contratistas, militares y policías retirados, y grupos al margen de la ley.
Además, como lo reveló la revista Cambio, la investigación que adelantan las respetivas instituciones muestra que tiene un modus operandi, que se extiende por todo el territorio nacional y que están especializados en varios crimines:
Lo anterior se ha podido ratificar con varias denuncias que muestran las irregularidades al interior de la Unidad y que tienen en común elementos como los nombres de los acusados principales –los cuales han sido repetitivos–: Wilson Devia, el narcochofer Manuel Antonio Castañeda y el exsubdirector de la UNP Ronald Rodríguez. Sumado a falta de cumplimiento de conducto regular para poder acceder a marcos de seguridad, como en el caso del exgobernador del Guaviare Nebio Echeverry y uno de sus escoltas, que paso a ser protegido sin seguir el procedimiento y en que, según contó un testigo, se le dio este beneficio luego de pagar 45 millones de pesos a Rodríguez.
Los 45 millones suelen ser solo la “cuota inicial”, ya que mensualmente, los que acceden de esta forma a protección deben pagarle a la red ocho millones de pesos mensuales. Y, asimismo, para ingresar a trabajar como escolta, el solicitante debe pagar entre seis y ocho millones de pesos y no en todos los casos consiguen el trabajo.
Por otro lado, como en el tema de uso de los autos de la Unidad para movilizar cocaína, se descubrió que existe hasta una ruta de traslado, de acuerdo con la información obtenida por la revista colombiana, esta pasaría por Cumaribo (Vichada), Planas, la Cristalina, Puerto Gaitán y Puerto López y Villavicencio.
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