Exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, condenado por parapolítica, en nuevos líos judiciales: ahora lo investigarán por contrato de Hidroituango

La Fiscalía General de la Nación considera que el megacontrato para la construcción de Hidroituango entre 2009 y 2011 fue direccionado para que quedara en manos de Empresas Públicas de Medellín. Por esas irregularidades será acusado y enjuiciado el exgobernador de Antioquia, responsable del proceso, Luis Alfredo Ramos.

Ramos deberá conectarse desde su centro de reclusión en un batallón de Rionegro, donde cumple una condena de siete años por parapolítica, el próximo 14 de junio a una audiencia de acusación. La Corte Suprema de Justicia leerá el escrito para arrancar la etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia, según conoció El Tiempo.

Desde el 2009 arrancó el proceso para la Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir (BOOMT por sus siglas en inglés) para la hidroeléctrica. Se abrió una invitación pública internacional y siete compañías interesadas clasificaron para obtener el contrato. EPM quedó en el último lugar.

Sin embargo, el proceso de subasta se levantó en octubre porque la junta directiva de Hidroituango, en la que participaba Ramos como gobernador, seleccionaron a EPM para firmar. Las razones que se esgrimieron es que era una compañía local y había precalificado tras la invitación.

La Fiscalía, en cambio, considera que se realizó una negociación paralela entre los principales socios de Hidroituango que son el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y EPM. Estos habrían decidido que el proyecto quedara en manos de la compañía medellinense que tenía el 40% de la participación en la hidroeléctrica.

Ese cambio en el mecanismo para adjudicar el millonario contrato derivó en varias irregularidades que habrían llevado a priorizar los intereses de EPM sobre los del departamento. Alfredo Ramos Botero tendría un papel fundamental en el proceso, pues como gobernador presidía Hidroituango y las decisiones dependían de su despacho.

Por esa razón, según Semana, el exgobernador deberá responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y actuar con desvío de poder, con el fin de favorecer a EPM, como dice el escrito de acusación que ya radicó la Fiscalía ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La Sociedad Hidroituango habría contratado un grupo de asesores jurídicos expertos para todo el proceso. Por ejemplo, que la junta directiva modificó su estatuto de contratación para permitir que un socio recibiera el contrato de manera directa, lo cual se hizo a través de un acuerdo del 10 de noviembre de 2010.

Así mismo, la Fiscalía señala que Ramos habría influido en el nombramiento de Álvaro de Jesús Vásquez Osorio en el IDEA, lo que permitió a su vez la elección de Luis Guillermo Gómez Atehortúa como gerente del proyecto. Además, se habría escindido Hidroituango y se habría creado la sociedad EPM Ituango SA para que recibiera el contrato que finalmente se firmó el 30 de marzo de 2011.

El ente acusador señala a Ramos Botero de ser quien “desvió el marco legal y actuó con propósitos ajenos a la entidad que representaba, se reprocha la inobservancia de los principios de imparcialidad, transparencia, buena fe, selección objetiva y responsabilidad que por virtud de la Constitución, de la ley y el reglamento estaba obligado a respetar”, señaló la revista Semana.

La Fiscalía señala que por el monto de la obra y su importancia debió realizarse un proceso de licitación que permitiera seleccionar al más capacitado para ejecutar el proyecto. Además, porque las irregularidades identificadas afectaron a los proponentes internacionales y los intereses del departamento, para beneficiar a EPM.

Finalmente, la empresa paisa no fue la encargada de la construcción sino que esta tuvo que ceder esa función al consorcio CCC conformado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H, poderosas compañías antioqueñas.