
En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca que los padres puedan decidir si sus hijos podrán recibir educación sexual. La iniciativa generó una álgida discusión por quienes consideran que vulnera los derechos de los menores.
Los representantes Alejandro García y Susana Gómez radicaron una proposición de archivo que no prosperó. La mayoría de los congresistas de la Comisión (11 votos) rechazaron que el documento fuera retirado del debate, mientras que solo seis se mostraron de acuerdo.
“(Los padres) simplemente van a avalar el contenido y es mi preocupación con respecto a la autonomía, porque hoy es educación sexual, mañana entonces qué, vamos a decir qué libros leen nuestros niños”, cuestionó el representante García. Señaló que debe ser la evidencia científica y las personas capacitadas las que decidan sobre los contenidos educativos.
Según el representante, el proyecto de ley 132 de 2022 va en contravía de la Constitución Política porque el artículo 67 señala la educación como servicio público, por lo que es el Estado el encargado de la regular y vigilar. Sin embargo, el representante Hernando González sostuvo que la ley general de educación “dice que la primera encargada de educar a un niño es la familia hasta que tenga la mayoría de edad”.
Daniel Carvalho sostuvo que había un profundo componente moral en la iniciativa porque, quienes la promovían, “les daba miedo” que les hablaran a los estudiantes del uso del condón. “Lo que están escondiendo detrás de este propósito aparentemente loable, de que los padres estén más presentes, es tener un canal para meter los dogmas y los prejuicios allí”, sostuvo.
Según sostuvo que los mecanismos de participación de los padres en la educación de sus hijos ya están garantizados por ley, pero no están haciendo uso de los mecanismos. “No busquemos que sean los padres los que vengan a decirle a la educación nacional cuál es la educación sexual que deben tener sus hijos, cuáles son los prejuicios que deben estar difundiendo en las aulas”, señaló Carvalho.

El proyecto de ley busca que el Estado y los establecimientos de educación preescolar, básica, media y superior, tengan la obligación de garantizar “el derecho a la autonomía de los padres a educar a sus hijos menores de edad”. En ese sentido establece que los contenidos y prácticas pedagógicas sobre la educación sexual sean “aceptados por los padres o tutores legales, evitando contravenir las convicciones sexuales de los miembros”.
“Los padres tendrán también el derecho a prestar su consentimiento previo y conjunto, con el fin de aprobar la asistencia de sus hijos o pupilos en las clases y actividades en que se impartan o entreguen contenidos educativos que incidan en su formación sexual”, dice el tercer artículo del proyecto.
Los centros educativos deberán informar al inicio del año escolar el programa, con fechas establecidas, de las clases de educación sexual. Además, los padres que no estén de acuerdo con lo que se propone impartir en las aulas, podrán formular un contenido independiente. Es decir qué les deben enseñar mientras estén fuera de las clases.
La representante Ingrid Marlen Sogamoso, del partido Conservador, y coordinadora ponente del proyecto, señaló que lo que buscan es que incluyan a los padres. “Lo único que yo quiero como madre que apoya este proyecto de ley es que nos digan qué tipo de educación sexual le van a dar a nuestros hijos”, señaló.
“Los padres conocen mejor a sus hijos y a sus problemáticas, acompañémoslos, involucrémoslos, eso es lo que pretende el proyecto”, señalo el representante Alfredo Ape Cuello. “El tema del currículum, que solo lo puede crear el Ministerio de Educación, va en contravía de la legislación, por eso queremos que los padres sean parte, porque además tienen que conocer qué se le está enseñando”, agregó.
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