
Luego de que el miércoles 29 de marzo se reportara la muerte de nueve militares en el corregimiento de Guamalito del municipio de El Carmen (Norte de Santander) en un atentado del ELN, la Defensoría del Pueblo anunció que envió a esa zona de la conflictiva región del Catatumbo a un grupo de la entidad que se encargue de verificar la situación de los Derechos Humanos de la población ante la grave situación de orden público.

“Una comisión de la @DefensoriaCol se desplazó a la zona para verificar la situación de #DDHH de los habitantes de la población civil (sic)”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.
Indicaron que los habitantes en la zona están atemorizados por el accionar de los grupos armados ilegales que ha tenido consecuencias en sus actividades diarias.
“A pesar de que en el hecho en el que murieron 9 militares no se registra afectación a la población civil, se constató el clima de temor y zozobra en la comunidad. En el sector las clases fueron suspendidas (sic)”, agregaron.
Sobre al ataque a los militares, la mayoría de ellos jóvenes soldados que prestaban su servicio militar, Carlos Camargo señaló que no era posible que el grupo insurgente pretenda proseguir con un proceso de paz y perpetre acciones armadas de ese tipo en el país.
“Al ELN parece no importarle el que sus acciones violentas generan desazón entre todos los colombianos. Los ciudadanos no pueden entender como este grupo armado sigue sentado en una mesa de diálogo mientras ataca a la Fuerza Pública como ocurrió en la base militar del Catatumbo donde resultaron muertos nueve militares”, criticó.
El funcionario agregó que esa guerrilla también está cometiendo todo tipo de delitos contra los habitantes en las zonas en las que tienen influencia.
“(Este hecho) se suma a toda una serie de actos violentos, extorsiones, amenazas y ataques contra la población civil que viene sucediendo a los largo y ancho del país en los últimos meses, en especial en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander”, reprochó.
Finalmente le pidió a ese grupo armado, otrora revolucionario y ahora al servicio del narcotráfico, que entreguen verdaderas muestras de paz ante los acercamientos que han tenido el gobierno Nacional.
“Desde la Defensoría del Pueblo les exigimos a los grupos armados verdaderas muestras de paz, que cesen las acciones violentas contra la Fuerza Pública, pero de manera especial toda acción que ponga en riesgo a la población civil. Los grupos armados no pueden seguir burlando el anhelo de paz de los colombianos y para ello es necesario que demuestren su voluntad y cesen de inmediato todas las acciones violentas”, finalizó el funcionario.
El Ejército Nacional responsabilizó del ataque al ELN, lo que convertiría a este atentado en el más grave cometido por esa guerrilla desde noviembre del año pasado, cuando se reanudaron las conversaciones de paz.
Horas después el presidente, Gustavo Petro, convocó a una reunión para evaluar lo ocurrido a la delegación del gobierno y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz con el ELN, entre los que están Venezuela, Noruega, Chile, Cuba y México. Además, acompañan el diálogo las Naciones Unidas y la iglesia Católica.
“Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana (sic)”, expresó el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.
Petro, quien repudió el ataque, detalló que se trataba de siete soldados que prestaban servicio militar obligatorio y dos suboficiales “asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aseguró que el ataque genera una crisis dentro de la mesa de negociación por la que se tendría que llevar a cabo una reunión extraordinaria en la que se trate como tema prioritario un cese del fuego.
“La idea de conversar en medio de la guerra no tiene espacio político actualmente en Colombia con el gobierno de Petro... Es una tremenda equivocación política del ELN que tiene un doble lenguaje: en la mesa dice que la situación ha cambiado al tratarse de un gobierno progresista y en el terreno lo ataca”, añadió.
Al cerrar la segunda ronda de diálogos en la Ciudad de México a inicios de marzo, las partes definieron que un eventual cese del fuego será bilateral, nacional, temporal, pero con vocación de continuidad y estará sujeto a evaluación conjunta y a mecanismos de monitoreo. Se espera que las conversaciones se retomen en Cuba en las próximas semanas.
(Con información de AP)
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