La Universidad Nacional está en déficit, reconoció su rectora: hay los mismos profesores para el doble de estudiantes

Los movimientos estudiantiles han convocado manifestaciones para exigir soluciones a los problemas financieros de la educación pública. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, confirmó la necesidad de un aumento del presupuesto porque el déficit apenas alcanza a cubrir los costos, pero no para hacer las mejoras necesarias en infraestructura, ampliación del cuerpo docente, entre otros componentes.

“El presupuesto de nuestra universidad tiene un déficit estructural porque cuando se hizo la Ley 30 se dijo que creceríamos de acuerdo al IPC, cuando uno se dice que crece al IPC quiere decir que está congelado. Durante todos los años, hasta el 2018 que hubo las movilizaciones de las universidades, estudiantiles y de toda la comunidad universitaria para mejorar el presupuesto, fue la primera vez que además del IPC se colocaron unos puntos durante el pasado Gobierno y se colocaron hasta el 4 - 5 por ciento”, sostuvo Montoya.

La rectora de la Nacional señaló que el gobierno de Gustavo Petro anunció que el presupuesto será IPC más 5%, por lo que habrá recursos adicionales girados por el Estado, así como en el Presupuesto General de la Nación se incluyó una adición de 100.000 millones para infraestructura.

Montoya sostuvo que actualmente los recursos de origen estatal cubren el 50%, debido a que el monto se fue reduciendo con la Ley 30. La otra mitad la consiguen las universidades a través de actividades de fomento, funciones misionales y acción de la comunidad académica, es decir que han tenido que recurrir a la autofinanciación para cubrir el hueco que dejó el congelamiento del presupuesto.

“Esto hace que apenas alcancemos a cubrir costos de algunas actividades de la universidad, pero estamos en déficit en laboratorios, déficits estructurales, tenemos problemas de conectividad, tenemos el problema fundamental del 70% de las redes obsoletas, necesitamos mejorar nuestra infraestructura, los laboratorios. El problema de verdad es estructural”, afirmó la rectora a la comunidad académica.

Por ejemplo, desde la entrada en vigencia de la Ley 30 en 1992, de acuerdo con Montoya, la Universidad Nacional de Colombia ha tenido la misma planta docente, mientras que el número de estudiantes ha crecido casi un 130%, al pasar de 26.000 a 60.000 que cursan programas profesionales actualmente en la institución.

“Tenemos que lograr este cambio para lograr la sostenibilidad de la universidad, también tengo que decir que lo que se ha prometido se ha cumplido, pero es que eso es muy poco realmente para lo que requerimos las universidades públicas que estamos congeladas en recursos y aumentando en trabajo y en estudiantes durante todo el tiempo”, señaló la rectora.

En ese sentido, habían logrado algunos acuerdos con el Ministerio de Educación antes del revolcón en la cartera, como no indexar con base en el IPC sino con índice de costos de la educación superior que sería por encima de 3 puntos porcentuales adicionales.

También se lograron acuerdos en reconocer “la producción académica de los profesores y además que se cuantificara realmente cuánto nos cuesta cada estudiante, para que por gratuidad sea reconocido lo justo y se gire directamente a las universidades y lo demás se regula a través de algún decreto especial que se haga”, señaló Montoya.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, asegura que la adición presupuestal ya está en trámite pero se está evaluando que se ejecute en 2024 que afectaría la operación de programas, salarios y alimentación durante el presente año. Además, desde el movimiento estudiantil y la rectoría de las universidades públicas exigen una reforma a la Ley 30 que debe iniciar desde el Plan Nacional de Desarrollo que ya va a empezar discusión.

Una de ellas es la eliminación de los 86 y 87 de la ley de educación para garantizar la financiación plena de las instituciones de educación superior públicas del país. Una modificación inicial, mientras se avanza en una reforma de fondo a esa norma que ha sido una petición recurrente de los movimientos estudiantiles.