Magnicidio de Carlos Pizarro: escolta tiene que ser condenado, según abogados

Cuando ocurrió el magnicidio del entonces candidato presidencial, Carlos Pizarro, su escolta, Jaime Ernesto Gómez, fue quien asesinó al sicario que disparó contra el líder del grupo M-19. De acuerdo con los hechos, el autor del crimen contra Pizarro se había rendido, pero el guardaespalda le disparó en repetidas ocasiones hasta matarlo también pese a que no se encontraba tan cerca como otros miembros del esquema de seguridad.

Ese hecho, de acuerdo con la defensa de la familia de Pizarro Leongomez, puso a ese escolta como posible cómplice del magnicidio y en ese sentido, le solicitaron al Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá que dicte una sentencia condenatoria en contra de Gómez, quien también era agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—.

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo —Cajar—, representante de la familia Pizarro, junto con la Comisión Colombiana de Juristas —CCJ—, este crimen no lo hubieran podido ejecutar paramilitares sin ayuda de agentes del Estado, “específicamente del DAS”, mencionaron en declaraciones recogidas por El Espectador. Asimismo, mencionaron que esa entidad también “apoyó el homicidio de otros líderes de oposición y candidatos presidenciales por esa época”.

De igual manera expusieron que si bien en su momento el DAS afirmó que los autores del crimen fueron integrantes del Cartel de Medellín, las investigaciones posteriores hallaron que las estructuras paraestatales al mando de Carlos y Fidel Castaño lideraron esa operación que desembocó en el magnicidio el 26 de abril de 1990.

En ese sentido, el miércoles 22 de febrero el nuevo fiscal del caso, Hugo Alexander Tovar Pérez le solicitó a la jueza Décima condenar al escolta Gómez por el delito de homicidio agravado con fines terroristas. Dentro de sus razones, precisó también que este tenía encomendado matar al asesino que acabó con la vida del excandidato presidencial para “asegurar en buena parte la impunidad, rampante durante décadas”.

En diciembre de 2022, los abogados también denunciaron que el proceso había sufrido otro retroceso con el traslado del fiscal Mauricio Ponce —quien estaba a cargo del caso— a Chocó mientras avanzaba en establecer la responsabilidad de Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del extinto DAS, y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de esa entidad.

La CCJ explicó en ese entonces que Hugo Alexander Tovar Pérez, fiscal adscrito a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos, fue nombrado para llevar a cabo las funciones desempeñadas por Ponce Tovar.

Incluso, aseguró que “después de más de un año, podemos afirmar que se consolidó el mecanismo de impunidad que en su momento identificamos con el cambio de fiscal, pues la investigación no ha tenido avances en este tiempo”. Vale indicar que Mauricio Ponce también había pedido investigar a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, por su posible conexión con el crimen de Pizarro Leongómez.

También advirtieron que ese traslado del fiscal fue una decisión de carácter sensible “en materia de graves violaciones a derechos humanos; un traslado en tales condiciones podría tener por objetivo separarlos de tomar una decisión que pudiera afectar los intereses de otros poderes y servir de mecanismo para materializar la impunidad”.

Ahora, con respecto a Jaime Ernesto Gómez, este había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, pero este tribunal le negó el ingreso y justamente ante esa solicitud de sometimiento la defensa de los familiares de Pizarro dijo que la había realizado sin un compromiso pleno de aportes a la verdad.

Este también habría cambiado de abogado “sin fundamento alguno a los jueces en la justicia ordinaria que están encargados de su juicio, todo esto con el objetivo de conseguir su libertad por vencimiento de términos, situación frente a la cual no se pronunció el fiscal delegado Hugo Tovar”, se puntualizó en el comunicado conjunto.