La compra de un avión Legacy 600 por más de 12 millones de dólares tiene en medio de un escándalo a la Policía Nacional. La Contraloría anunció que detectó varias irregularidades en el proceso de adquisición, por lo que aquella institución entraba en indagatoria. Para hacer frente a la indagación, integrantes de esa fuerza pública hablaron con la revista Cambio y explicaron lo que hay detrás de la polémica inversión.
“La compra del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 representa un detrimento del patrimonio público en cuantía de $12.1 millones de dólares”, dice el informe emitido por La Contraloría. La aeronave, es de destacar, tiene la capacidad de transportar, cómodamente, a trece pasajeros y permite cruzar el Atlántico sin escalas. El general de la Policía Hoover Penilla agregó a estas dos características que el jet permite realizar patrullajes de seguridad y transportar tropas.
“No tengo información de los pormenores de esa compra porque mi trabajo no era ese (...) Lo que sí puedo decir es que todo se hizo con apego a la ley y a la normatividad, con los comités técnicos, en donde participó el actual director de la Policía, anteriormente jefe administrativo y financiero, así como también la subdirectora. Allá se tomaron las decisiones de acuerdo a la Ley 80. Siempre fui informado de que se hicieron todos los pasos requeridos. Si es de lujo o no, para patrullar o no, no se lo puedo decir yo. Para eso estuvo de por medio la CIAC y eso es lo que conozco”, comentó en su diálogo con el medio de comunicación citado, el general Jorge Luis Vargas, exdirector general de la Policía Nacional.
“Yo era el director general de la Policía y no manejo los detalles de la compra, pero fui informado del cumplimiento de todos los requerimientos de ley. No afectamos el patrimonio de la Policía Nacional, se hizo por ley de la República, y con un plan de necesidades. Los puntos de vista nuestros no fueron tenidos en cuenta en la auditoria y esperamos que se respete el debido proceso. Me preocupa la forma como la Contraloría hace las cosas, espero que haya legitimidad, legalidad y que tengan muy claro técnicamente esto”, añadió en Cambio.
Por el otro lado, el general de la Policía Hoover Penilla dijo que él no tuvo ningún tipo de injerencia en lo que respecta a la compra y que su único papel dentro del proceso fue responder a los cuestionamientos de unos periodistas
“Un día en que el señor director de la Policía no se encontraba y tuve que explicar lo que los técnicos me dijeron”, resaltó al decir que tampoco recordaba lo que había ocurrido en la reunión del 1 de enero del 2022, cuando se tomó la decisión de la compra en su despacho, en la subdirección de la Policía Nacional de la calle 26 de Bogotá. En ese día se discutió de la compra de seis aviones y de los $210.000 millones que estaban destinados para esa misión.
“Yo solo aprobé la ejecución del presupuesto que venía destinado para la adquisición de los equipos. Eso me lo pasan así y yo solo hago el acta de seguimiento que venía de la dirección de planeación”, dijo a Cambio. El convenio fue suscrito, finalmente, el 13 de enero del 2022 entre la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A).
Es de destacar que además de estos dos uniformados, se encuentran en medio de la investigación el general Iván Hidalgo, gerente de la CIAC, una empresa mixta que operó la compra; el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos y el general Luis Ernesto García, jefe de la Oficina de Planeación de la institución.
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