Tras la firma de Gustavo Petro del Decreto 0227 de 2023, el sector de los servicios públicos quedó muy preocupado por los poderes que tendrá el mandatario. La retoma del control de las funciones para fijar tarifas, entre otras disposiciones tiene en alerta a gremios y las mismas comisiones que manejaban estos temas. El líder de gobierno tomará las riendas regulatorias hasta el 16 de mayo.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas ya sabía que se daría la firma del decreto, podría decirse que estaba cantado desde finales de noviembre, pero, la Creg, que prácticamente no podía cambiar la designación, le envió una extensa carta a la ministra de minas y energía, Irene Vélez Torres, haciendo un llamado de atención para que respeten sus conceptos, que a pesar de las disposiciones se tengan en cuenta las reglamentaciones para el control tarifario, y que esto último podría tener serias implicaciones en materia de abastecimiento y financiación.
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La comisión es muy enfática en solicitarle a Irene Vélez que se respete la independencia técnica, esto pensándolo no solo desde el marco regulatorio, sino todo lo que ya está establecido por la ley. Recuerdan que un indebido manejo podría llevar al país nuevamente a las épocas de apagones que se vieron entre 1992 y 1993:
La decisión de Petro sería inconstitucional
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, hizo varias declaraciones, donde reflejó la incertidumbre que generó la expedición del decreto. Asegura que no hay claridad en lo que puede hacer el presidente Petro, y que la manera en la que operan las comisiones y entidades involucradas es la razón por la que no hay desconfianza en el sector.
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Algunas otras agremiaciones evalúan la posibilidad de demandar el decreto, o si puede declarar nulo por ser inconstitucional, teniendo en cuenta que ya hubo otra disposición que le dio esos poderes a la Creg.
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