Ministro de Justicia presentó la ley de sometimiento: no se tocarán las normas de extradición

El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, o denominado por el Gobierno nacional como “de desmantelamiento a las organizaciones criminales” fue presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal y se espera el concepto de este organismo para que después sea radicado en el Congreso de la República.

La iniciativa, que hace parte de la política de ‘paz total’ planteada por la administración del presidente Gustavo Petro, solo aplicará para grupos criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión.

En esa línea, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, precisó el miércoles 15 de febrero que este proyecto “no afecta ni altera las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se ha comprometido con la extradición”, tal y como lo había sugerido el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, luego de un encuentro con el jefe de Estado en la Casa de Nariño.

El proyecto de ley consta de 54 artículos que establecen, en primera instancia, que no habrá jueces ni procedimientos nuevos. En ese sentido, el ministro Osuna expuso que, de aprobarse, será ”una oferta que le hace el Estado colombiano a esas estructuras criminales para que terminen con su actuación criminal para que entreguen sus bienes, la información que tienen y reparen a las víctimas”. A cambio, recibirán un tratamiento penal más leve.

De acuerdo con el senador Ariel Ávila, que será ponente de la iniciativa ante el Legislativo, lo que se impondrá es una serie de medidas sustitutivas “a cambio de verdad, reparación, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto”.

En ese sentido, aclaró que “no habrá impunidad” y que será la justicia ordinaria la que lleve los procesos contra quienes integren esos grupos criminales. Con respecto a las condenas, estas serán de entre seis y ocho años de cárcel, y sumado a eso, tendrán cuatro años más de justicia restaurativa.

Este mecanismo, a diferencia de la ley de Justicia y Paz, sancionada en el gobierno de Álvaro Uribe, la presentada por la actual administración ofrece más tiempo de medidas restaurativas. Además, Ávila señaló que “habrá un doble candado para evitar colados”.

“El primero estará en la oficina del alto comisionado, inteligencia policial y militar, la Dirección Nacional de Inteligencia y podrán excluir personas. El segundo candado estará en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, que también podrá depurar la lista”, detalló el senador. El proyecto también determina que quienes ayuden a meter personas que no deben acogerse a esta ley perderán beneficios.

Los beneficios que tendrían sobre sus propios bienes

En la rueda de prensa llevada a cabo el miércoles 15 de febrero, el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho ahondó en que quienes se acojan a la ley podrán quedarse con hasta el 6% de sus bienes, lo cual coincide con lo ya establecido en la Ley de Extinción de Dominio.

De igual manera, dejó claro que no habrá ningún sistema transicional de justicia —como la Jurisdicción Especial para la Paz— sino que todo se llevará a cabo a través de la justicia ordinaria. Con respecto a la inclusión de grupos como la Segunda Marquetalia, no dejó en claro si tendrán que acogerse o no. Sin embargo, reiteró que esta no será aplicable a los grupos armados que, de acuerdo con la clasificación hecha por el comisionado Danilo Rueda, tienen status político como el ELN.

Sumado a esto, Ariel Ávila comentó que la Paz Total cuenta con dos mecanismos: el primero es la Ley de Orden Público —que prorroga lo contemplado en la 418 de 1997—, y la segunda es, justamente, la presentada sobre el desmantelamiento de grupos criminales de alto impacto.