El 2 de febrero del 2023, la Superintendencia de Salud anunció una sanción en contra de la Gobernación del Choco por no garantizar el acceso a la salud de la población de escasos recursos, durante 2018, por lo que se vieron comprometidos recursos por más de 3 mil millones de pesos.
El fallo fue divulgado mediante un comunicado de prensa, en el que se confirmó una multa por 72 millones por fallas en la gestión del servicio de salud.
La Supersalud ya había impuesto una sanción a este departamento el pasado 29 de diciembre de 2021, por una suma igual a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), por no realizar el pago de obligaciones contraídas, baja ejecución del presupuesto en este rubro y la deficiente atención a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
La Gobernación del Choco, en cabeza de Ariel Palacios Calderón, presentó un recurso de apelación que fue atendido por la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas, que redujo la pena a 80 smlmv.
Las sanciones fueron producto de la visita efectuada por la Superintendencia Delegada en el 2019, que tras una verificación de funciones, competencias y responsabilidades elevó siete cargos en contra del ente territorial.
El organismo de vigilancia y control reportó incumplimientos en el control del gasto, se aseguró que: “la ejecución presupuestal de gastos correspondientes a la vigencia de 2018 llegó al 39%, los gastos de funcionamiento tuvieron una ejecución del 94% y las acciones de salud pública del 72%”.
Por otra parte, la Supersalud afirmó que la Gobernación del Chocó no gestionó de forma adecuada la atención oportuna durante la vigencia del 2018, no suscribieron contratos (de baja complejidad) por los términos necesarios en los tiempos requeridos.
No fueron soportados los procesos en los municipios de Quibdó, Atrato, Acandí, Nuquí, Bojayá, Río Quito, Ungía, Carmen del Darién, Riosucio, Bahía Solano, Juradó, Medio San Juan, Cantón de San Pablo, Certeguí, Río Oro y Unión Panamericana.
Finalmente, el organismo explicó que se comprometieron recursos por 3.000 millones, que equivalen al 27,86% del total del presupuesto y se generaron cuentas por pagar superiores a los 2.800 millones.
Se debe recordar que el gobernador del departamento, Ariel Palacios Calderón, fue destituido durante tres meses por la Procuraduría en 2020, en medio de la pandemia del covid-19, ya que el Ministerio Público lo investigaba por irregularidades en la contratación de bienes y servicios requeridos durante la contingencia.
El gobernador fue capturado y destituido de su cargo durante 2022, el ente territorial quedó bajo la dirección del secretario de Gobierno, William Darwin Halaby, tras siete meses sin designarse un encargado por parte del Gobierno nacional.
Solo hasta el pasado 30 de diciembre del 2022, el Gobierno designó a Farlin Perea Rentería, que se desempeñaba como funcionaria de Daniel Quintero, en el cargo de Gerente de Etnias de la Alcaldía de Medellín. Perea es abogada y cuenta con especialización en Gerencia de Servicios Sociales y en Derecho Administrativo, también es Magíster en Derecho Administrativo.
La sanción de la Superintendencia de Salud se conoce en medio de los debates previos a la presentación de la reforma al Sistema de Salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, que buscaría delegar mayor control presupuestal del sector salud a los entes territoriales, que se encargarían de pagar a los prestadores de servicios de salud, funciones actualmente despeñadas por las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
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