Gustavo Petro advirtió intentos de suicidio por parte de tres voceros de paz no liberados

El jueves 26 de enero, la juez Cuarta Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Neiva negó la libertad solicitada por el Gobierno nacional para los integrantes de la primera línea de Neiva Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel, Cristian Andrés Reyes Cuéllar y Andrés Felipe Yara Vargas, designados como voceros de paz.

Como es su costumbre, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la decisión de la togada de la capital de Huila, en su trino expuso que tres jóvenes, que no han recibido la libertad para convertirse en voceros de paz, se han intentado suicidar.

“Ya hay tres intentos de suicidio de los jóvenes a quienes les han negado la libertad por presión de autoridades administrativas sobre los jueces. Es muy lamentable. Iremos con un mensaje de urgencia al Congreso para proteger los jueces que ayudan a lograr la paz social”, afirmó el presidente en su publicación.

El rechazo de la jueza de Neiva de no liberar a los voceros de paz, designados por el Gobierno nacional, se sumó a la decisión de la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, del 12 de enero, que también negó el pedido del Ejecutivo para excarcelar a Luidiar Felipe Camacho Chávez, Steven Guevara Vega y Daniel Fernando Ruiz, procesados por presuntos delitos cometidos durante el paro nacional de 2021.

Respecto a la liberación de los jóvenes, la Procuraduría General de la Nación solicitó que “no debería prosperar al considerar improcedente la suspensión de las órdenes de captura, que no se encontraban vigentes, y porque no se acreditó que los procesados hicieran parte de alguna organización social o humanitaria, como lo establece la ley”.

Aunque el jefe de Estado se abstuvo de revelar los nombres de los jóvenes que se intentaron suicidar, en su trino, se refirió a una persecución que han recibido los jueces que llevan estos casos por parte de entidades nacionales, para no liberar a jóvenes detenidos en las protestas de 2021.

Estas alertas del Presidente de la República se suman a las realizadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que por medio de un comunicado del 29 de diciembre de 2022, le pidió a la Procuraduría General de la Nación que ejerza sus funciones sin obstaculizar la orden legal de otorgar la libertad a las personas judicializadas por protestar, garantizando los estándares de derechos humanos que permitan priorizar el derecho a la libertad.

Y a continuación se agregó que la privación de la libertad de personas que ejercían su derecho a protestar, corresponde a razones netamente políticas.

Pero este no sería el primer desacuerdo de la Procuraduría General con la política de paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, el 17 de enero, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, respaldó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y los Pachencas.

En su intervención Cabello Blanco aseguró que “la paz no puede estar por encima de la Constitución”, tras este comentario, el presidente Gustavo Petro se pronunció y aseguró que la funcionaria está equivocada.

“Una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia, todos los funcionarios públicos, incluido ella (Margarita Cabello Blanco) e incluido, yo debemos obedecer la Constitución”. En este sentido, el presidente Petro explicó que está catalogado como un derecho fundamental y cuestionó el por qué los funcionarios olvidan algo que está en la carta magna.

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