Inmovilizadas 60 motos en Bucaramanga en operativos contra el transporte pirata

En la operación también fueron incautadas armas cortopunzantes y se recuperaron teléfonos celulares que habían sido robados

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Foto: captura Policía Metropolitana de
Foto: captura Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Varios sectores de Bucaramanga, Santander, fueron tomados por alrededor de 200 uniformados de la Policía Metropolitana en un operativo para contrarrestar el transporte informal, así como el microtráfico, el hurto en diferentes modalidades y el porte ilegal de armas.

“Hasta el momento tenemos unas importantes capturas por tráfico de estupefacientes en diferentes lugares de la ciudad como en el norte, donde hubo también capturas en flagrancia por hurto y por falsedad en documento público; además es muy importante articularnos con las secretarias de Tránsito para contrarrestar los delitos de hurto, es así que el día de hoy en estos planes llevamos más de 60 motocicletas inmovilizadas”, detalló comandante del primer distrito de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Oscar Manrique.

Las 60 motocicletas fueron inmovilizadas, según indican las autoridades, porque se dedicaban al transporte informal y por cometer contantes infracciones al Código Nacional de Tránsito. De igual forma, fueron capturadas siete personas por tráfico de estupefacientes y cuatro por hurto.

También se recuperaron cuatro teléfonos móviles que habían sido hurtados y se incautaron 80 armas corto punzantes. “En la estación de Policía del Norte se han hecho dos comparendos y cuatro cierres de establecimientos por no cumplir con la documentación requerida. El control y las estrategias van encaminadas a trabajar mancomunadamente con las otras instituciones y con la comunidad”, dijo el coronel.

“Bajo la estrategia Implacables Contra El Delito, realizamos planes de registro, control y verificación de antecedentes en puntos estratégicos de Bucaramanga”, escribió la Policía Metropolitanda de Bucaramanga en su cuenta oficial de Twitter.

60 motos fueron incautadas

Con demanda buscan que Bucaramanga vuelva a ser dueña de su alcantarillado

En 1974, el Concejo de Bucaramanga cedió gratuitamente la red de alcantarillado de la ciudad a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), razón por la cual actualmente la administración municipal no puede intervenir y mejorar las alcantarillas, pues eso es responsabilidad de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (Empas), una compañía creada en 2006 por la CDMB y sobre la que la Alcaldía no tiene participación.

Esta situación hizo que Carlos Parra y Danovis Lozano, concejales de la ciudad, junto con Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander, lideraran una acción colectiva que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo del departamento para que la administración de Bucaramanga pueda hacerse cargo del alcantarillado.

“Lo que han visto los ciudadanos son dos cosas, primero un fortín de la política que se agrupó en esa corporación y amarró contratos para enriquecer a los actores políticos de la región y en segundo lugar pésimo servicio con altos costos para la ciudadanía”, dijo Carlos Parra, que además agregó que en la capital santandereana es la ciudad donde más caro se paga el alcantarillado.

La CDMB, la Empas y la Alcaldía de Bucaramanga ya fueron notificadas de su condición de demandadas. Según los accionantes de la demanda en cuestión, la cesión gratuita del alcantarillado violó los derechos a la moralidad administrativa, patrimonio público y libre competencia.

Para ellos, aquella operación acordada hace casi 50 años privó a la ciudad de “recibir los beneficios económicos (…) por el ejercicio de la prestación del servicio público” y eso impide emplear esos recursos “en otras inversiones que permitan garantizar de manera óptima el saneamiento básico de las familias de Bucaramanga”.

Tanto los concejales como el representante Avendaño revisaron los documentos de cuando el Concejo de ese entonces entregó el alcantarillado a la CDMB y llegaron a la conclusión de que “no se podía hacer una donación de tal magnitud sin que el municipio reciba nada a cambio y decidimos demandarlo”.

El proceso legal puede durar algunos años y una sentencia será la que decida si la capital de Santander pueda volver a administrar su propia red de alcantarillado o no. “Queremos que los ciudadanos se hagan partícipes de esta acción porque sabemos que este es un tema que se siente en los barrios y en las casas”, concluyó Parra.