El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) afronta una nueva polémica por su gestión después de las denuncias que se conocieron de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas en el Guaviare. El miércoles 18 de enero, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que citaron a la directora de la entidad, Concepción Baracaldo, a un debate de control político para que rinda cuentas ante el Legislativo.
El congresista manifestó que solicitó a través de un derecho de petición, amparado en la Ley Quinta, investigar el papel que ha tenido las entidades estatales en el caso. “Debido a las “reiteradas denuncias de violación, abuso y posible red criminal de explotación sexual a menores de edad de comunidades indígenas en alto estado de vulneración socioeconómica en el departamento del Guaviare merece toda la atención”, dijo a través de un video en Twitter.
La situación se conoció después de que el periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, denunciara que menores de edad de comunidades indígenas estarían siendo inducidas a tener relaciones sexuales con militares —colombianos y estadounidenses— o civiles a cambio de comida, bajas cantidades de dinero, o drogas que les ayudarían a ahuyentar el hambre.
Como muestra, Reyes entregó el testimonio de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en 2019 al interior de un baño público de San José del Guaviare por cuatro días, sin recibir alimento. Otro de los casos registrados ese mismo año fue el de una menor de 10 años que fue violada por un militar de Estados Unidos y luego la obligaron a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que no entendió ni asimiló el proceso por su edad.
Teniendo en cuenta lo revelado Racero le pidió la “respectiva información sobre las investigaciones, el seguimiento, el control y las acciones a seguir ante las entidades correspondientes”. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico mencionó al ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa “porque posiblemente hay militares involucrados”.
Si bien se desconoce la fecha del debate de control político, el legislador sostuvo que es indispensable hacerlo en el Capitolio Nacional. “Los niños, niñas y adolescentes deben tener el cuidado, la protección de todos los agentes del Estado y la cámara de representantes se compromete a ello”, puntualizó.
La respuesta de los organismos de control
La Defensoría emitió el 17 de enero el informe anual sobre las vulneraciones a estas poblaciones en Guaviare. En el documento, la Regional del departamento señaló que recibieron 933 casos relacionados con la vulneración de los derechos de la población indígena entre 2020 y 2022. Además, “se han atendido 68 casos de presunta violencia sexual en los que se encuentran involucrados menores de edad”.
Por su parte, la Fiscalía negó la existencia del caso de una menor violada por un militar estadounidense en Guaviare; sin embargo, durante la verificación de esa denuncia se encontró el reporte de 378 casos entre 2018 y 2020 que serán investigados por la entidad. El ente acusador anunció que un equipo especializado “hará una priorización de los delitos sexuales y otros graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación disciplinar contra el director regional del Guaviare del ICBF, Joaquín Mendieta Silguero. Asimismo, continúa adelantando investigaciones y trata de esclarecer el nombre y la ubicación de las unidades militares asentadas en el departamento junto con los datos de quienes comandaron durante el 2019 al 2023.
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