La Corte Suprema de Justicia anunció, en la mañana del miércoles 18 de enero, que se declaraba impedida para seguir investigando al exsenador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, por la presunta financiación a la Primera Línea en el marco del Paro Nacional del 2021.
El caso pasará a la justicia ordinaria a cargo de la Fiscalía General de la Nación, dado que el escritor ya no ostenta su curul en el Senado de la República. Será en la entidad que dirige el fiscal Francisco Barbosa donde se definirá el rumbo de la investigación contra Bolívar, quien es acusado de haber entregado recursos a los manifestantes para alterar el orden público durante las protestas del entonces presidente uribista, Iván Duque.
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En esa línea, el alto tribunal aseguró que las demás diligencias relacionadas al caso del excongresista del Pacto Histórico se deberán remitir directamente al ente acusador y no a los magistrados de la Corte.
La denuncia contra Bolívar había sido instaurada por los abogados Víctor Mosquera y Bernardo Jaramillo, que desde 2021 advirtieron que la Vaki que el exsenador creó para entregar recursos a los manifestantes había servido para que se dotaran de elementos con los que habrían cometido casos de vandalismo y terrorismo en la capital, de abril a junio de ese año, cuando se desató el llamado estallido social contra el gobierno Duque.
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Hay que recordar que el litigante Mosquera no solo es uno de los principales detractores del escritor, sino que también es defensor en el extranjero del expresidente Álvaro Uribe, otro de los críticos de Gustavo Bolívar.
En su demanda, el jurista aseguraba que con el dinero que Bolívar les entregó, los jóvenes manifestantes habían podido comprar cascos, gafas, comida y otros elementos que les permitió defenderse durante las protestas que se caracterizaron por la brutalidad policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
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La defensa de Bolívar sigue en manos del abogado Miguel Ángel del Río, quien desde que se instauraron las acciones legales contra su cliente, aseguró que él lo único que quería era brindarle elementos de protección a los manifestantes y, bajo ningún motivo, financiar los hechos vandálicos que se registraron en esos tiempos.
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