Tras las acusaciones por parte de la Fiscalía de Guatemala en contra de exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) que participaron en la rendición de cuentas del caso Odebrecht en este país, el Gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la “persecución” a funcionarios que trabajaron en contra de la corrupción.
Por medio del subsecretario de asuntos del hemisferio occidental, Brian A. Nichols, el Gobierno estadounidense dejó en claro la preocupación que generan estas acusaciones, ya que afectarían el Estado de derecho.
“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público contra personas que trabajaron para garantizar la RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, mencionó en su cuenta de Twitter el funcionario del Departamento de Estado del país norteamericano.
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala no pasan por su mejor momento, luego de las acusaciones de la Fiscalía del país centroamericano en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, que en su momento fue funcionario de la Cicig entre 2013 y 2019. En este periodo trabajó como jefe de la entidad y estuvo al tanto de los casos de corrupción de la multinacional Odebrecht en ese país.
Cerca de 70 estructuras criminales fueron desmanteladas luego de las investigaciones de Velázquez y se procesaron más de 600.
Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) acusó al funcionario colombiano de haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación con dos directivos brasileños en 2017 y la entidad aseguró que tomará acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia por estos hechos.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, declaró Rafael Curruchiche, fiscal de esa nación, quien además emitió órdenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz; el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán, y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.
La respuesta por parte del Gobierno de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro fue contundente, pues el mandatario aseguró que si Guatemala insiste en capturar al ministro de Defensa, rompería relaciones con este país.
“Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro; y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, afirmó Petro.
Curruchiche confirmó que en la primera fase de la investigación se encontraron elementos que relacionan al funcionario del Gobierno de Gustavo Petro con la pérdida de más de 380 millones de dólares en Guatemala a manos de la red de corrupción que durante años estuvo a cargo de la compañía brasileña.
“Había todo un entramado para cometer algunas irregularidades, había un entramado para cometer delitos. El señor Velásquez Gómez intervino de forma directa en todas las reuniones, estaba al tanto de todo lo que acontecía. Estamos hablando de 384 millones de dólares”, dijo el funcionario en declaraciones para Blu Radio.
Según el fiscal guatemalteco, una de las pruebas del caso sería una serie de correos que fueron encontrados entre los exfuncionarios de Cicig, “En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de Cicig, Luz Camargo Garzón, a Juan Pablo Carrasco le indica que el exfiscal general de Maldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”, indicó Curruchiche.
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