Qué esconde la "regla de transparencia" sobre radiación de la EPA

Hace unos días, un titular de Associated Press provocó indignación en el mundo de la ciencia, que generalmente se muestra tranquila. La Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), según sugiere el artículo, estaba considerando pautas "relajantes" para las dosis bajas de radiación ionizante, basándose en la teoría de que "un poco de radiación puede ser bueno para ti". En cuestión de horas, la agencia noticiosa ya había emitido una corrección. Al final resultó que, después de todo, la EPA no respaldaba la "hormesis", la teoría de que peñas dosis de sustancias químicas tóxicas podrían ayudar al cuerpo, al igual que la luz solar provoca la producción de vitamina D.

En cambio, la EPA estaba haciendo algo mucho más aterrador: estaba ahondando en la "regla de transparencia", lo que restringiría a la agencia a utilizar estudios que hagan que un conjunto completo de datos y modelos subyacentes estén disponibles públicamente. La regla es similar a una orden de "Ciencia Abierta" emitida por el Departamento de Interior el mes pasado e incorpora lenguaje de la Ley HONEST (por sus siglas en inglés, Ley de Nuevo Tratamiento Honesto y Abierto de la Ciencia por parte de la EPA), un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes en 2017 pero luego se estancó en el Senado. La ley HONEST originalmente exigía que los estudios científicos proporcionaran datos suficientes para que una parte independiente pudiera replicar el experimento, lo que simplemente no es realista para los estudios longitudinales a gran escala.

Si bien estas reglas citan la necesidad de basar la política regulatoria en la "mejor ciencia disponible", no se equivoquen: su objetivo es estrangular el acceso a estudios acreditados.

La Regla de Transparencia sigue el patrón de políticas anticientíficas de la administración Trump. La Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca es una ciudad fantasma, con la mayoría de los cargos principales, incluido el puesto de director, vacantes desde enero de 2017. Las agencias y departamentos de todo el directorio, incluido el Departamento de Estado y el de Agricultura, están abandonando sus puestos. También han hecho lo mismo asesores científicos y otros miembros del personal. Cada vez es más difícil para los legisladores federales acceder al expertise.

Comprender qué está mal con la "transparencia", al menos como lo definen esas políticas, requiere un análisis más detallado de cómo trabajan los científicos. Digamos que usted está tratando de entender los efectos en la salud tras una liberación accidental de un químico tóxico. Este incidente podría ser la única oportunidad de los epidemiólogos para investigar cómo este químico en particular interactúa con el aire y los humanos que los respiran, en dosis variables, durante un período de tiempo. No importa cuán cuidadoso sea su enfoque, su estudio no alcanzará el estándar de replicabilidad. No tendría información básica de salud de las personas específicas que se encontraban en el área. Es posible que no tenga información sobre qué residentes tenían sistemas de filtración de aire instalados en sus hogares, o qué residentes estaban trabajando afuera cuando ocurrió el incidente. Sus primeros resultados reflejarán, por definición, solo los resultados de salud a corto plazo, en lugar de los efectos a largo plazo. Y no podría replicar el estudio (con mejores controles) sin poner en peligro la salud de miles de personas. En tales casos, los científicos tienen que extrapolar los datos existentes, a veces imperfectos, para proteger al público.

Los epidemiólogos tienen estándares comunitarios, incluida la revisión por otros expertos en la materia, para evaluar este tipo de estudios. Un estudio cuidadoso y revisado de este incidente hipótetico bien podría representar la "mejor ciencia disponible" en este químico en particular. Los reguladores pueden confiar en este estudio para establecer los niveles permisibles de este químico en el aire que respiramos. Pero ahora, digamos también que este estudio tuvo lugar hace 30 años. Los principales científicos involucrados están muertos y nadie conservó sus archivos. Los datos en bruto se pierden. ¿Deberían los científicos de la EPA ser bloqueados para usar el estudio?

A pesar de los titulares de hace unos días, la audiencia de la EPA del 3 de octubre fue más allá de la radiación. De hecho, su principal testigo, el toxicólogo de la Universidad de Massachusetts Edward Calabrese, apenas mencionó su teoría de la hormesis por radiación. En su lugar, su testimonio argumentó que la EPA ya no debería basarse en modelos lineales sin umbrales (LNT por sus siglas en inglés) para cualquier peligro, incluidos productos químicos tóxicos y contaminantes del suelo. En toxicología, los modelos LNT suponen que los efectos biológicos de una sustancia dada están directamente relacionados con la cantidad de exposición, sin que se requiera una dosis mínima. Las normas de protección radiológica se basan en modelos LNT. También lo son las regulaciones básicas relacionadas con el ozono, la contaminación por partículas y la exposición química.

Los estudios originales que afirman un modelo LNT para radiación ionizante de baja dosis se llevaron a cabo en la década de 1950. Al igual que nuestro hipotético epidemiólogo que investiga un escape químico tóxico, los genetistas que intentaron comprender los efectos biológicos de la radiación atómica estaban trabajando con datos imperfectos, muchos de los cuales ya no están disponibles. El concepto de una "política integral de gestión de datos" simplemente no existía en 1955. Estos estudios en particular se basaron principalmente en sobrevivientes del bombardeo atómico de Hiroshima y Japón. Los científicos también extrapolaron los datos de exposición a altas dosis en moscas y ratones y los experimentos poco éticos de alta dosis realizados en humanos.

Estos estudios son imperfectos, pero centrarse en sus limitaciones pasa por alto el escándalo más amplio. Estos estudios tuvieron lugar durante el apogeo de las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, una época en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban bombeando la atmósfera de elementos radioactivos. Algunas de las áreas cercanas a las zonas de prueba recibieron tanta radiación que aún hoy son inhabitables. Las pruebas hizo que todo el planeta tuviera una especie de malla de radiación. La Comisión de Energía Atómica, la agencia a cargo del programa de armas nucleares de Estados Unidos, ni siquiera intentó investigar los posibles efectos en la salud de esta exposición constante a dosis bajas de radiación ionizante en la población mundial. Los estudios de bajas dosis de radiación fueron costosos, inconvenientes y políticamente arriesgados, y pusieron en peligro el programa de pruebas de armas. Y, por lo tanto, la capacidad de Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética. Desde la perspectiva del gobierno, era mejor no saber.

Recientemente, un titular sensacionalista nos distrajo de una crisis mucho más amplia. Sin el apoyo del gobierno para la investigación de peligros ambientales, la salud pública se deja a los caprichos de los investigadores de la industria, que tienen un fuerte incentivo para minimizar sus peligros, o a los grupos de defensa pública, que son demasiado fáciles de difamar con acusaciones de parcialidad. El movimiento de "transparencia", supuestamente, resuelve esta crisis de autoridad al dar al público acceso a los datos subyacentes en los que se basa la ciencia, pero ignora las dinámicas de poder que determinan qué preguntas de investigación se hacen, por qué y cómo se responden.

En el pasado, los estadounidenses recurrían a sus agencias federales de ciencia y asesores científicos para resolver este tipo de disputas. Pero hace unas semanas, la EPA anunció que también eliminaría su Oficina del Asesor Científico. A partir de ahora, con las oficinas de ciencias vacías ¿quién decidirá?

Hay un punto brillante en todo esto: el 28 de septiembre, la legislación bipartidista autorizó al Departamento de Energía a reiniciar su programa de investigación de radiación de baja dosis. Pero ¿qué pasa con los otros contaminantes que la EPA, supuestamente, regula? ¿Quién producirá los tipos de ciencia considerados aceptables según la regla de "transparencia"?

La "transparencia" se ha convertido en otra forma de cultivar la ignorancia institucional. Los estadounidenses merecen algo mejor de las agencias que se supone deben protegerlos. En el caso de los peligros ambientales, lo que usted no sabe puede hacerle daño.