El martes 25 de enero, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará la dramática situación de los derechos humanos en Venezuela durante su Examen Periódico Universal (EPU), según informa Human Rights Watch: “El examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adoptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Se trata de un mecanismo cooperativo en materia de derechos humanos que presentan los 193 Estados parte ante sus homólogos, de forma periódica cada 4 años y medio o 5 años. Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los exámenes EPU de 2011 y 2016.
Durante este examen, el régimen deberá responder a preguntas realizadas por diversos países, para evaluar el cumplimiento de recomendaciones previas del Consejo. Entre los interrogantes que se han enviado previamente destacan algunos relacionados con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+, colectivos extremadamente discriminados en el país.
Por ejemplo, Suecia preguntó: “¿Qué medidas se han tomado para prevenir los delitos de odio contra miembros de la comunidad LGBTIQ?”. Por su lado, EEUU indagó: “¿Qué ha hecho el régimen para prevenir tales ataques (contra personas del colectivo LGBTIQ y otras minorías), mejorar el acceso a la justicia y combatir la discriminación contra estos grupos? ¿Qué esfuerzos ha hecho el régimen para brindar servicios a las mujeres víctimas de violencia de género, que va en aumento en Venezuela?”.
Eslovenia, por otra parte, cuestionó si Venezuela ha adoptado medidas (y cuáles) para “reducir la mortalidad materna y la grave escasez de medicamentos y tratamientos, así como el impacto (desproporcionado y diferenciado) de la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.
Durante el EPU de Venezuela, los estados deberían interpelar al régimen de Maduro para que adopte las siguientes medidas:
-Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores.
-Reformar la Policía Nacional Bolivariana, entre otras medidas, disolviendo la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
-Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial.
-Poner fin a la censura y a la campaña sistemática contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
-Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias.
-Asegurar las condiciones para elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
-Investigar de manera oportuna y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos desde 2014, examinando la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo.
Previo al examen de este año, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela con recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho e implementar reformas para proteger derechos.
“Continúa la represión brutal por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto en el cual agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen abusos aberrantes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas”, rezaba el informe.
Y prosigue: “La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hallaron evidencias de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos humanos y responder a la emergencia humanitaria que ha privado a millones de personas de acceso a atención médica básica y a una nutrición adecuada, dejando al país en una situación muy desfavorable para enfrentar la pandemia de COVID-19″.
“Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, transformándose en la mayor crisis migratoria de América Latina”, reza.
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