La ex diputada opositora venezolana Olivia Lozano reclamó este miércoles “atención médica de calidad” para aquellas personas que se encuentran en prisión y son consideradas como presos políticos por distintas organizaciones.
“Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos a nuestros presos políticos deben parar. Urge la atención médica de calidad por parte de sus médicos de confianza y la liberación de todos los presos políticos”, escribió Lozano en su cuenta de Twitter, un mensaje que fue posteriormente replicado en un comunicado opositor.
La ex parlamentaria pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a la Delegación de la Unión Europea (UE) en Caracas y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, prestar “atención” a este asunto.
Lozano replicó en su mensaje otro con una carta publicada el martes del militar venezolano Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército considerado como un preso político por varias organizaciones.
En la misma, el oficial anunciaba que iba a comenzar una huelga de hambre para denunciar que sufre “tratos crueles inhumanos y degradantes”, según una carta difundida por la ONG Justicia Venezolana.
Según los datos difundidos por la organización Justicia Venezolana, en el país caribeño hay 252 militares procesados por razones políticas, de los que 180 están presos.
El balance del Foro Penal
La ONG venezolana Foro Penal denunció este martes que en el país hay 244 personas detenidas a las que consideran presos políticos, una menos que en su último informe, publicado hace una semana.
“Al día de hoy, en el Foro Penal registramos 244 presos políticos en Venezuela. Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos penales políticos, pero bajo medidas cautelares”, escribió en su cuenta de Twitter el director de esa ONG, Gonzalo Himiob. De los 244 reos, 230 son hombres y 14 son mujeres.
En la última semana se ha producido una excarcelación y ningún encarcelamiento.
Actualmente, 209 de los presos no han sido condenados por ningún delito, mientras que 35 han recibido ya una sentencia.
Este lunes, Amnistía Internacional pidió “la libertad inmediata de Javier Tarazona”, director de la ONG venezolana Fundaredes, a quien consideró “preso de conciencia por haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de derechos humanos” en el país caribeño.
“Su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico”, afirmó la organización.
(Con información de EFE)
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