El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó y fue acordada una orden de aprehensión contra seis efectivos de la Policía Nacional Bolivariana de Miranda por su participación en una ejecución extrajudicial.
“El Ministerio Público de Venezuela solicitó y fue acordada una orden de aprehensión contra los funcionarios de la PNB-Miranda: Willians Ortega, Félix Villanueva, Chacón, Jean Carlos; Ibarra, Joswual; Maldonado, Robert; y Díaz, José: participantes de la ejecución extrajudicial de Dimilson Guzmán Santaella”, expresó en Twitter Saab.
Y agregó: “Igualmente, por este lamentable homicidio, fueron acordadas las órdenes de aprehensión contra otros dos funcionarios de la PNB-Miranda: Freites Martínez César y Yuster, David Cedeño López”.
Según informaron medios locales, el asesinato de Guzmán, miembro de la banda “Cachete”, ocurrió en el sector La Trilla, de Ocumare del Tuy, y el video fue ampliamente difundido por las redes sociales. En las imágenes se observa cómo los funcionarios lo asesinan a quemarropa.
A los policías nacionales se los imputará por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma de reglamento y agavillamiento.
En el video se ve cuando cuatro uniformados ejecutan el asesinato. Dos sostienen las manos de la víctima, luego esta persona es obligada a arrodillarse y ahí mismo le disparan. Después de muerto Guzmán, otro policía le da un nuevo balazo y uno más le coloca una escopeta al lado. Se desconoce qué estaba haciendo el joven al momento de la detención.
El régimen de Nicolás Maduro, bajo la lupa por las ejecuciones extrajudiciales
Entre enero y junio de este año se registraron en Venezuela 825 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y el Ejército que responde a Nicolás Maduro, denunció a través de un informe la ONG Lupa por la Vida, una iniciativa conjunta entre el Centro Gumilla y Provea.
El número representa una caída en relación a las 1.611 ejecuciones registradas en el mismo periodo del año 2020, de acuerdo con el monitoreo de violencia policial y militar realizado por la ONG Provea y el Centro Gumilla.
Pese a que los autores del informe celebran la disminución de las ejecuciones, insisten en alertar sobre la gravedad de los más de 800 asesinatos: “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
La cifra refleja “el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible”, denunciaron.
Otro de los aspectos subrayados por el informe tiene que ver con los niveles de impunidad que rigen en las instituciones de seguridad venezolanas. “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
La opinión de la misión de la ONU en Venezuela
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó en septiembre un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.
“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó.
En su segundo informe, la misión detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014″.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
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