La ONG venezolana Fundaredes pidió este lunes a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, poner su atención en el caso de los tres activistas de esta organización que se encuentran detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro, su director Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García.
“Le pedimos a la alta comisionada para los DDHH Michelle Bachelet que atienda el caso de los activistas de FundaRedes. Su salud se está deteriorando en el Sebin (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), requieren una medida humanitaria. No son delincuentes, no han cometido ningún delito”, indicó la ONG en un mensaje en Twitter.
El director de Fundaredes y sus dos compañeros fueron detenidos el pasado 2 de julio en el estado occidental de Falcón y posteriormente acusados por la Fiscalía chavista de estar recibiendo instrucciones desde el extranjero para “atacar” el país y alterar el orden.
Según la Fiscalía, detrás de las agresiones estaba una “intervención militar extranjera”, aunque no ofreció detalles ni pruebas de la acusación.
Tarazona es conocido por denunciar la presencia de la guerrilla colombiana en el país y fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.
Tanto Tarazona como sus dos compañeros se encuentran imputados por incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
Antes de su detención, el activista y sus dos compañeros habían presentado unas denuncias en el Ministerio Público para que se investigara la supuesta relación del Estado con miembros de grupos guerrilleros como la extinta FARC y el ELN, algo que la Fiscalía calificó de “difamaciones”.
El pasado 28 de julio, Fundaredes denunció que su director se encontraba incomunicado y enfermo.
El pasado 15 de julio el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) allanó la residencia de la madre Tarazona. Ese día en horas de la noche, los funcionarios del servicio de inteligencia de la dictadura venezolana se apersonaron en la residencia de la señora Teresa Sánchez, ubicada en la urbanización Mérida de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira.
Tras el allanamiento y trasladado a una sede policial, la madre del presidente de la organización “Funda Redes”, fue devuelta a su casa escoltada por la Policía del régimen.
“Así actúa Maduro contra los que denuncian sus atrocidades contra la población. Maduro y sus aliados criminales de la guerrilla le cobran así a Fundaredes y su director Javier Tarazona, quienes develaron la entrega de nuestro territorio a las FARC y ELN”, repudió el ex preso político venezolano Alfredo Ramos en un mensaje de Twitter con el hashtag #LiberenAJavierTarazona.
Y añadió que Tarazona y su equipo “han sido hostigados por esbirros armados de la dictadura por las denuncias que han realizado sobre la presencia en varios estados del país de grupos criminales de las FARC y ELN con la complicidad y sociedad del régimen”.
La organización Provea también condenó la detención de los cuatro activistas en Falcón. “Exigimos su inmediata liberación”, advirtió en redes sociales.
Fundaredes es una ONG que lleva años denunciando la presencia de las guerrillas colombianas en Venezuela y sostiene que estos grupos cuentan con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro.
(Con información de EFE)
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