Un informe advierte que militares venezolanos que desertaron a Colombia son amenazados por el ELN y disidentes de las FARC

En el documento Alerta Temprana N° 005 del 2 de marzo 2021, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, destaca que los militares desertores, que salieron del país en el periodo 2019-2020, “han recibido amenazas en el municipio de Puerto Carreño. En su calidad de migrantes o refugiados por su salida de la Fuerza Armada venezolana han encontrado desafíos en Puerto Carreño, debido a que han informado sobre presencia de integrantes del ELN o FDF en este municipio”.

Revela que hay casos de militares que “han sido interceptados en la calle por miembros de grupos insurgentes, que les cuestionan su presencia en Puerto Carreño, indagan dónde viven, si dieron información a la Fiscalía o incluso los instan a suministrar un número de contacto personal”.

En el informe de 53 páginas, suministrado a Infobae por el dirigente social y político José Mejías del estado Amazonas, resalta que “la mayoría de los ex militares no cuentan con ayudas humanitarias para sobrevivir en Puerto Carreño. Según información brindada, su llegada a Colombia se debe a que en Venezuela escucharon que se estaban generando auxilios para las personas que salen de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, al llegar a Puerto Carreño, las instituciones desconocen el tema o no tienen clara una ruta de ayuda humanitaria para dicha población”.

“Aunque el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, Migración Colombia, el SENA y la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), presentaron en el año 2019 un paquete de medidas que servirían como beneficio a ex miembros del Ejército venezolano que se encuentren en Colombia, especialmente en zona de frontera, en la actualidad esta población se encuentra en total vulnerabilidad y en situación de riesgo, ya que no pueden regresar a su país por ser considerados desertores o traidores a su patria y, al permanecer en la zona fronteriza, son fácilmente identificados por miembros de grupos guerrilleros colombianos”.

A esa situación se le agrega “la xenofobia y rechazo hacia la población migrante venezolana se ha convertido en un factor de riesgo diferencial para estas personas, quienes son acusadas de cometer diversos delitos”.

Destaca que “otra situación de riesgo para la población venezolana son los presuntos vínculos que las FDF10 y ELN sostienen con miembros de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Los acuerdos que pudieran existir con miembros de la guardia venezolana facilitan la ilegalidad a partir de un mayor control de los corredores fluviales, contrabando de combustible, drogas, ganados y tráfico de armas, donde vigilan el territorio y la movilidad de la población ribereña (comerciantes, pescadores, campesinos, transportadores). Las personas cuya actividad económica no cumpla las exigencias de los grupos armados, son blanco de ataques personales o contra sus equipos de trabajo (lanchas, carros, locales, etc.)”.

La jurisdicción de Puerto Carreño abarca unos 12 mil 409 Km2, entre la frontera con Venezuela; está en la confluencia de los ríos Meta, Orinoco y Bita, limita al norte con el estado Apure y al Oriente con los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela. “Los ríos Meta y Orinoco son corredores importantes para los cuatro grupos armados no estatales que tienen presencia en el territorio de Puerto Carreño. El río Bita se ha convertido en ruta de entrada no controlada de migrantes venezolanos. El río Orinoco, con su cuenca binacional de origen amazónico, se extiende a lo largo de la llanura venezolana hasta su desembocadura en el Caribe”.

Según el informe, algunas familias venezolanas que llegaron a Puerto Carreño en búsqueda de refugio afirmaron que tuvieron que abandonar su país debido a amenazas de grupos armados colombianos. “La población migrante ha denunciado abusos sexuales por presuntos miembros de las guerrillas colombianas del ELN y FDF que delinquen en el país vecino, y han expresado que temen por su vida y la de sus familias debido a que han señalado la presencia de miembros de estos grupos armados en Puerto Carreño”.

Puerto Carreño se ha convertido en territorio de interés para grupos armados irregulares de la guerrilla y paramilitarismo, quienes ven “la región fronteriza binacional geográficamente estratégica para el contrabando, tráfico de armas, personas y narcóticos, instalación de pistas clandestinas para las aeronaves al servicio del narcotráfico en el estado Apure, la minería ilegal, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas y como zona de ocultamiento y aprovisionamiento de sus estructuras y cabecillas”.

Los indígenas

“Entre la población más afectada por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, se encuentran los pueblos indígenas. Un mayor riesgo se percibe para estos pueblos debido a que algunas rutas de narcotráfico atraviesan sus resguardos. Pese a que las comunidades han evitado relacionarse con los grupos armados no estatales que delinquen en la zona, la creciente presencia de miembros de estas estructuras alrededor de sus territorios ha incrementado las amenazas de posibles reclutamientos, atentados contra la vida, seguridad, libertad, integridad personal y desplazamientos forzados, así como riesgos para sus líderes”.

Destaca que entre los grupos armados ilegales que operan en jurisdicción de Puerto Carreño está el ELN, facciones disidentes de las FARC-EP, grupos sucesores del Paramilitarismo como Puntilleros Libertadores del Vichada y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Entre lo que resalta, el documento aportado por Mejías de la ONG Fundaredes en Amazonas, está “la especial situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos indígenas que residen en el municipio de Puerto Carreño en el departamento de Vichada, y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”.

Destaca el informe, suscrito por el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, que “durante los años 2019 y 2020, en el municipio de Puerto Carreño se ha incrementado la presencia y accionar de los grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del frente José Daniel Pérez Carrero, las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP frente Décimo (FDF-10), y grupos sucesores del paramilitarismo como Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Su presencia se ha consolidado con mayor continuidad en el territorio venezolano”.

Es relevante que esos grupos armados “han mostrado un inusitado interés en los estados venezolanos de frontera (Apure, Bolívar y Amazonas) que limitan con el departamento colombiano del Vichada. Buscan aprovechar las ventajas económicas derivadas de las actividades ilícitas transfronterizas y del crimen transnacional, particularmente, el control de corredores de movilidad, narcotráfico y actividades relacionadas con la minería ilegal (oro, coltán, entre otras)”.

“Algunos de estos grupos, como las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP y ELN, incluso expresan intereses en el territorio venezolano de índole político-militar. En el narcotráfico se reconoce con mayor vinculación a las AGC y los PLV; y en la minería, al ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP”.

El control social

El informe al que hace referencia José Mejías, líder político en el estado Amazonas, revela “la presencia del ELN y FDF-10 en los territorios binacionales del Vichada (Colombia) y de los estados de Apure, Bolívar y Amazonas de Venezuela, ha posibilitado el fortalecimiento de sus estructuras armadas, mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial en todo el oriente colombiano. Dicho fortalecimiento propicia la imposición de mecanismos de control social y territorial en ambos países”.

Resalta que por las riberas del río Orinoco, entre Bolívar y Amazonas, “se ha identificado la presencia del frente ‘José Daniel Pérez Carrero’ del ELN, cuyo accionar violento conlleva graves riesgos para los derechos fundamentales de la población residente en este sector fronterizo. Los grupos sucesores del paramilitarismo PLV y las AGC, también despliegan acciones ilícitas en la jurisdicción municipal de Puerto Carreño”, a la vez que los grupos guerrilleros ELN y FDF10 hacen acuerdos “con narcotraficantes y grupos sucesores del paramilitarismo”, para el control de las rutas del narcotráfico y narcomenudeo urbano.

“Por el sector del bajo Apure venezolano, que limita con Vichada a través del río Meta, fuentes comunitarias allegadas a la Defensoría del Pueblo señalan la presencia de las FDF10, del ELN, las AGC y de Los Puntilleros Libertadores del Vichada. A pesar de la multiplicidad de actores armados en un mismo territorio, a la fecha solo se han identificado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Venezolana y las FDF10 en el estado Apure”.

Revela la Defensoría del Pueblo de Colombia que han obtenido información de que tanto el ELN como los Puntilleros Libertadores del Vichada controlan el sector de Caño Juriepe, zona rural de Puerto Carreño. “Allí vigilan y controlan el cruce lícito e ilícito de personas, mercancías y demás bienes por el río Meta”, a la vez que habría presencia de los grupos armados como el ELN, FDF, AGC y el grupo armado de crimen organizado PLV en parte del municipio de La Primavera sobre el río Meta.

Da cuenta el informe de la captura de tres personas del PLV, en el marco de la ‘Operación Fortaleza’, desarrollada por la Policía Nacional en Puerto Carreño, el 26 de octubre del 2020. “Según fuentes policiales entre los capturados se encuentran ‘el cabecilla de finanzas y dos coordinadores logísticos, quienes se encargaban de contratar pilotos, aeronaves y el acondicionamiento de pistas en el departamento. Lo propio ocurre con las capturas de alias Arauca y Araña, de nacionalidad venezolana, presuntos integrantes de los PLV, en los municipios de Puerto Carreño y Santa Rosalía”.

“El 8 de mayo de 2020 fue capturado alias Korea o Montilla, señalado de pertenecer al Estado Mayor de la Segunda Marquetalia de las FDF. En ese mismo mes, fueron capturados 11 personas presuntamente integrantes de las AGC que operaban en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare y Vichada. Los capturados son señalados de ser responsables de garantizar la financiación a través del control de rutas del narcotráfico y la extorsión”.

Subraya cómo, entre Puerto Carreño y Venezuela, “se evidencian conductas violentas como homicidios, amenazas, torturas y secuestros, presuntamente cometidos por el ELN, las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP y los PLV. Fuentes allegadas a la Defensoría han señalado que estos grupos armados utilizan Puerto Páez y Puerto Ayacucho (Venezuela) y los alrededores del río Meta para delinquir, extorsionar y perpetrar homicidios”.

La Defensoría Colombiana constató que solo jurisdicción de Puerto Carreño, hay unos “72 pasos irregulares fronterizos por donde ingresan de manera ilegal, migrantes venezolanos a territorio colombiano, algunos de ellos, huyendo de las amenazas en su país”.

ELN y FARC

“El ELN ha aprovechado el proceso de entrega de armas de las FARC-EP para copar territorios que antes no eran de su injerencia, como el Vichada”, revela la Defensoría Colombiana en su informe, a la vez que destaca que ese grupo irregular, a mediados de 2016, comenzó a expandir su presencia desde los departamentos de Arauca y Casanare hacia el Apure de Venezuela, el departamento del Vichada y gran parte de Amazonas y Bolívar (Venezuela), para lo cual el Frente de Guerra Oriental (FGO) proyectó Arauca y el Alto Apure (Venezuela) el Frente “José Daniel Pérez Carrero”, que cubre el Vichada hasta Guainía.

“Las estrategias de control social y territorial que ahora ejerce el ELN en Apure, Amazonas y Bolívar (zonas mineras del Arco Minero de Venezuela), han sido replicadas desde su experiencia en las zonas mineras colombianas donde tienen presencia (v.g., sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Arauca, entre otras). Estas funciones de control social y dominio territorial les permite garantizar la extracción de minerales preciosos y obtención de importantes rentas mineras, así como la continuidad en el control de las rutas de narcotráfico”.

En cuanto a las facciones de las FARC-EP, “desde el año 2018 comenzaron a expandirse desde las montañas y sabanas de Arauca y Casanare, a través de las riberas del río Meta por la franja del estado Apure de Venezuela hasta llegar a la jurisdicción del Vichada como miembros del décimo frente Martín Villa, inicialmente”.

La situación cambia en agosto de 2019 y la presencia de las FARC se agudizó “con la aparición de ex comandantes del Alto Mando de las antiguas FARC-EP, provenientes del sur de Amazonas y probablemente de la frontera con Guainía, dentro de los que se encuentran los alias Romaña, El Paisa, Iván Alí, Enrique Marulanda, Albeiro Córdoba, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Iván Márquez y Jesús Santrich. La proximidad de estos cabecillas fue conocida en su momento como Los Caminantes quienes hicieron presencia inicialmente en Puerto Ayacucho (capital de Amazonas, Venezuela), territorio que se encuentra separado por el río Orinoco de la Inspección de Casuarito (Puerto Carreño, Vichada)”.

“A partir de lo ocurrido desde la captura de alias Ferney González, se puede inferir la posible fractura entre las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP que delinquen en El Vichada y sus zonas fronterizas, en lo que pudiera llamarse la línea de Gentil Duarte versus la que dirige Iván Márquez. Por consiguiente, es muy factible que la línea dominante de dichas facciones disidentes en la región del Vichada sea la Nueva Marquetalia”.

“Según el monitoreo que realiza la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas -SAT-, no se descarta que puedan suscitarse disputas por la frontera entre ambos bandos disidentes y/o con el ELN. Así las cosas, antes de referirse a uno u otro Frente (Frente 10), se identifican estructuras de Gentil Duarte y de Iván Márquez (Neomarquetalianos)”.

“El ELN y las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, mantienen acuerdos con el fin de compartir la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y demás dinámicas ilegales de las zonas fronterizas, desde Arauca hasta el Guainía en territorio colombiano y Alto, Medio y Bajo Apure y Amazonas en territorio venezolano”.

Por otra parte, en cuanto a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), podrían estar en Puerto Páez y Puerto Ayacucho.

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