PROVEA, la organización sin fines de lucro, no partidista y que defiende los derechos humanos desde 1988 en Venezuela, exigió “un plan de vacunación serio”, porque, a este ritmo, el país “necesitaría unos 10 años para poder estar completamente vacunado”, estimó.
“En Venezuela sólo se han administrado unas 250.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, para un país con 30 millones de habitantes”, comenzó PROVEA su mensaje en Twitter.
Y agregó: “A este paso, Venezuela necesitaría unos 10 años para poder estar completamente vacunado. Clamamos un plan de vacunación serio #VacunasYaParaTodos”.
PROVEA coincidió con el diagnóstico de la Academia Nacional de Medicina y de la oposición venezolana, quienes hace unos días estimaron que a este ritmo el país tardará una década en inocular a toda su población contra el coronavirus.
“Le exigimos a la dictadura que acelere la llegada de vacunas. Es necesario que el régimen deje de bloquear un tipo de vacuna y ponga a un lado su agenda política. El pueblo venezolano necesita vacunas con urgencia, cada día que pasa sin estas, son más muertes”, dijo en Twitter el opositor Julio Borges, representante de Juan Guaidó en el exterior.
En otro tuit agregó que, “según la Academia Nacional de Medicina, al ritmo de vacunación actual, Venezuela tardaría 10 años en inmunizar a toda la población”, y dijo que “esto, sin duda, es culpa de Maduro, quien no negoció las vacunas a tiempo” y “mintió con respecto a la vacuna Sputnik”.
El ex diputado acusó, asimismo, al régimen de Maduro de haber politizado el mecanismo Covax que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual, el mandatario denunciaba que no podía pagar debido a las sanciones económicas.
Borges insistió en que Maduro también miente sobre las cifras de contagios y fallecidos relacionados al COVID-19.
“Basta de burlas, ¡los venezolanos merecen la verdad!”, agregó.
Los cuestionamientos por las cifras de contagio y la llegada de vacunas provienen de distintos sectores del país que además han denunciado una discriminación, en algunos casos, porque aseguran que las autoridades exigen el carné de la patria (una tarjeta por la que el Ejecutivo entrega ayudas sociales) como documento para la inmunización.
El régimen ha dicho que prevé lograr la vacunación contra el COVID-19 del 70 % de la población este año, aunque de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso ni del número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos facilitados por los distintos funcionarios son contradictorios.
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