El Foro Penal exigió la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, considerado preso político del régimen de Nicolás Maduro

El abogado Alfredo Romero, director de la ONG, dijo que “ya cumplió formalmente su condena” y que están violando el debido proceso por no otorgarle la libertad

Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa de Ruperto Sánchez, pide por su liberación (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Kerling Rodríguez de Sánchez, esposa de Ruperto Sánchez, pide por su liberación (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La ONG Foro Penal pidió este jueves la excarcelación del teniente coronel Ruperto Sánchez, un hispano venezolano considerado preso político por la organización y quien, según la defensa, ya cumplió su pena tras casi siete años en prisión, acusado de instigación a la rebelión militar.

Sánchez “ya cumplió formalmente su condena. Con ‘redenciones judiciales’ ha cumplido todos los días de su condena. Violando el debido proceso y el derecho a la libertad, el tribunal de ejecución no le otorga la libertad”, dijo el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal.

El jurista publicó un video en el que asegura haber acudido a tribunales militares para solicitar la liberación de Sánchez pues, argumenta, mantenerlo tras las rejas “implica una violación al derecho a la libertad”.

Kerling Sánchez, esposa del teniente, explicó a la agencia de noticias EFE que su marido ha presentado “varias condiciones difíciles de salud” durante su tiempo en prisión, entre ellas una hipertensión recientemente diagnosticada y “una tos que no cesa” desde hace cuatro años y que siguen sin conocer sus causas.

El militar fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, en julio pasado
El militar fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, en julio pasado

Aunque Sánchez, nacido en Valladolid (España) tiene una condena de 7 años y 3 meses, de la que ya ha pagado 6 años, 10 meses y 3 días, “debió salir en libertad en agosto de 2019” debido a las llamadas redenciones judiciales realizadas durante su tiempo en prisión, durante el cual ha estudiado y trabajado, según su defensa.

El militar estuvo más de cinco años preso en el estado oriental de Monagas, a casi 600 kilómetros de donde reside su familia, y fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, en julio pasado.

Desde entonces, su esposa no lo ha visto pues las visitas están prohibidas en ese centro penitenciario debido a las restricciones relacionadas con la pandemia por el COVID-19 en el país.

El Foro Penal, que encabeza la defensa de los considerados presos de conciencia en Venezuela, aseguró esta semana que 320 personas están tras las rejas en el país por razones políticas, y hay más de 9.000 personas que siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.

(Con información de EFE)

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