
Un acuerdo para permitir que la agencia de alimentos de las Naciones Unidas lleve ayuda a Venezuela, donde se ha estado desarrollando una de las peores crisis alimentarias del mundo durante años, está estancado dado que Nicolás Maduro insiste en controlar la distribución, según personas familiarizadas con el tema.
El acuerdo, negociado durante ocho meses, permitiría al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y a grupos de ayuda internacional llevar alimentos al país, donde una de cada tres personas sufría desnutrición incluso antes de la pandemia de covid-19 de este año, el aumento de las sanciones estadounidenses y la escasez de combustible.
Los negociadores llegaron a un acuerdo tentativo hace unos dos meses, según tres personas con conocimiento directo de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Pero Maduro no firma. Lo que está en juego, dicen, es el control de la ayuda. El PMA requiere una distribución neutral y apolítica, mientras que Maduro quiere que se canalice a través de las redes que controla, incluida una para entregar cajas de alimentos a los pobres, ampliamente percibida como un medio para garantizar lealtad.
También quiere que sus milicias nacionales participen en la distribución, mientras que el PMA sostiene que solo pueden estar involucradas en la seguridad, no en la distribución y entrega, según una de las personas.
“Hemos estado discutiendo con el Gobierno de Venezuela sobre el camino a seguir para brindar asistencia a quienes padecen inseguridad alimentaria en el país”, dijo el PMA en un correo electrónico que respondió a preguntas realizadas por la agencia Bloomberg. El “proceso aún está en curso”, dijo la agencia, y agregó que está guiada por principios de “humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo al margen de una conferencia de prensa en Caracas esta semana que las negociaciones continúan y el desacuerdo es por las condiciones del PMA que “no reconocen la soberanía de Venezuela”. Un funcionario de la oposición dice que Maduro podría estar esperando a que el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, asuma el cargo el próximo mes para utilizar el acuerdo como palanca para una reducción de sanciones.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a solicitudes de comentarios.
No está claro si se puede aún resucitar el acuerdo. Su colapso es otro golpe al intento de la comunidad internacional de responder a la crisis humanitaria del país. El número de personas desnutridas se triplicó a 9 millones entre 2017 y 2019. En años recientes han emigrado unos 5 millones de venezolanos.
El declive en Venezuela no tiene precedentes. Con reservas de petróleo mayores que las de Arabia Saudita, se encontraba entre las dos docenas de países más ricos del mundo a fines de la década de 1970. La mala gestión ha provocado una catástrofe comparable a lo que está sucediendo en Yemen, nación devastada por la guerra.
Maduro impuso límites a las organizaciones no gubernamentales y amenazó con cerrar aquellas que reciben financiamiento del exterior, alegando que están conspirando contra ellos.

Dos grupos de ayuda que trabajan en la distribución de alimentos, Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, que abastecían de alimentos a más de 25.000 personas, han sido objeto de hostigamiento, congelamiento de cuentas bancarias y allanamientos de oficinas. La Asamblea Nacional recién elegida, que será controlada por el Partido Socialista de Maduro, está considerando una ley para limitar las actividades de aquellos que reciben fondos estadounidenses.
Las esperanzas eran altas hace un año cuando Maduro permitió que el PMA realizara una evaluación. Investigadores viajaron por todo el país y elaboraron un reporte que evidenció que más de 2 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones la padecían de manera moderada,cifra que representa casi un tercio de la población.
Hace dos meses, las dos partes llegaron a un acuerdo para la distribución a través de Colombia y planearon comenzar más o menos por este entonces, según las personas involucradas en las conversaciones.
Diego Moya-Ocampos, analista de riesgo político en IHS Markit, dijo que Maduro usa la comida como palanca de lealtad. “Es una especie de sistema de chantaje vinculado al patronazgo enquistado en los altos niveles del Gobierno, que incluyen a las empresas militares y privadas importadoras de productos”, dijo.
© 2020 Bloomberg L.P.
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