En medio de la puja por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, el gobierno de Cabo Verde aseguró este lunes que cumplió “con un mandato legal” al arrestar al empresario colombiano el pasado 12 de junio.
En esa línea, el Ministro de Relaciones Exteriores Luis Filipe Tavares, durante una entrevista en la televisión pública del país africano, reiteró que el proceso de extradición no es un caso político.
“Absolutamente no estamos tomando partido. Como miembro de Interpol, el PJ cumplió un mandato legalmente y entregó a Saab al tribunal que ordenó que se llevara a cabo el arresto”, señaló el diplomático, según consigna el diario local Expresso das Ilhas.
Estas declaraciones tienen lugar horas después de que el Ejecutivo de Cabo Verde echara a Fernando Gil Alves Évora, presidente de la estatal farmacéutica Emprofac, luego de que se diera a conocer que participó en una reunión secreta con el dictador Nicolás Maduro en Caracas para tratar el caso de Alex Saab.
Al respecto, Tavares manifestó que Alves Évora “ha violado sus obligaciones como gestor público”. A su vez, criticó al líder del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV) por haber puesto en tela de juicio la “credibilidad del Estado de Cabo Verde”.
“Hay un recurso que está en la Corte Suprema de Justicia y vamos a dejar que la justicia haga su trabajo, no con declaraciones ridículas y que no magnifiquen al Estado de Cabo Verde”, comentó.
Alves Évora fue destituido “por la infracción de deberes inherentes al administrador público y desvío de la finalidad de las funciones”.
La decisión fue comunicada por el gobierno de Cabo Verde luego de que la propia administración negara haber enviado emisarios para negociar la liberación del testaferro de Maduro.
En un breve comunicado, Cabo Verde informó que Alves Évora fue despedido con “efecto inmediato” de su cargo en Emprofac, la empresa estatal de distribución de medicamentos en ese país.
“El Gobierno de Cabo Verde no ha enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores caboverdiano.
La nota se publicó después de que el diario estadounidense El Nuevo Herald asegurara que “un ex alto funcionario del Gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial de Miraflores”.
Según el medio, que citó a “fuentes familiarizadas con la situación”, esa visita, que acabó el martes, ocurrió “en medio de los esfuerzos del gobernante Nicolás Maduro por conseguir que el país africano libere a su principal socio, el empresario colombiano Alex Saab”.
“Los hombres -precisó el rotativo- llegaron en un avión privado a través de la terminal presidencial, conocida en Venezuela como la ‘Rampa Cuatro’, con documentación que los identificaba como Carlos Jorge Oliveira Gomes Dos Anjos y Fernando Gil Alves Évora”.
Tras la detención de Saab, Caracas señaló que él es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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