
La oposición venezolana que capitanea Juan Guaidó fijó este martes las condiciones para participar en las próximas elecciones de modo que sean “libres, justas y verificables”, lo cual implica, entre otras cosas, un Consejo Nacional Electoral (CNE) “independiente”.
Los principales partidos de la oposición venezolana, incluido el llamado G-4 que forman Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, señalaron en un comunicado “las condiciones mínimas y fundamentales para poder tener y participar en verdaderas elecciones libres, justas y verificables”.
Para que sean “libres”, reclamaron “la participación plena de todos los partidos políticos”, con su “dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes”, así como “el cese de las inhabilitaciones, el enjuiciamiento y la prisión” de sus miembros.
También demandaron en este sentido el “restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar”, es decir un “Registro Electoral confiable y auditado”, y “garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación”.

Unas elecciones “justas” obligan además a que haya un “CNE independiente, cuyos miembros deben ser postulados por el Comité de Postulaciones Electorales y designados por la Asamblea Nacional”; un cronograma que garantice el normal funcionamiento del proceso electoral; y una “campaña electoral equitativa”.
Asimismo, solicitaron “un adecuado comportamiento del Plan República, respetando que el proceso electoral es esencialmente un acto civil”, lo cual -han apostillado- implica la “prohibición de cualquier intervención ajena a la protección del acto de votación”.

Por último, para que sean unas elecciones “verificables”, plantearon “auditorías de todos los procesos del sistema electoral”, entre ellas una “revisión auditada de las nuevas máquinas”, y “observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso”.

Los firmantes aclararon que “esta lista de condiciones ha sido ampliamente discutida y aprobada por las principales fuerzas políticas democráticas del país” y han hecho un llamamiento a “todos los partidos y líderes del mundo libre” para no aceptar para Venezuela “nada menos de lo que estuvieran dispuestos a aceptar para sus propios pueblos”.
A este respecto, aprovecharon para reiterar que “en la Venezuela de (Nicolás) Maduro no hay elecciones: hay farsas y manipulaciones, procesos burocráticos dirigidos por árbitros abiertamente parcializados, sin medios de comunicación, sin libertad de elección para el pueblo y sin contrincantes reales”.
Por tanto, alertaron de que “todo írrito acto que no cumpla con estas condiciones básicas solo puede ser considerado como un fraude electoral, cuyo único objetivo es el secuestro de las instituciones buscando legitimar un falso sistema, por lo que no será convalidado de ninguna forma ni por los venezolanos ni por el mundo”.
“Las fuerzas democráticas creemos profundamente en las elecciones libres, creemos en votar de verdad, no en actos simbólicos, ni simulaciones de participación. Votar debe ser un acto de elección, útil para el venezolano y una oportunidad para transformar nuestra realidad”, reivindicaron.

Pulso electoral
Los partidos opositores reaccionaron así a las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por las que ha designado un CNE y ha cesado a la cúpula de Acción Democrática y Primero Justicia para sustituir a sus miembros por políticos afines al chavismo.
La nueva presidenta del CNE, Indira Alfonzo, invitó el lunes a todos los partidos políticos a participar en las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año. “Tenemos un compromiso con la democracia venezolana”, dijo.

Algunos partidos, tanto el gobernante PSUV y sus aliados como los opositores afines al chavismo, como Cambiemos, ya han presentado sus propuestas para celebrar dichos comicios, según recoge la prensa venezolana.
Las elecciones parlamentarias de este año revisten especial importancia porque, si la oposición pierde la Asamblea Nacional, Juan Guaidó dejará de ser su titular y, con ello, perderá la legitimidad constitucional para mantenerse como presidente encargado de Venezuela.
(Con información de Europa Press)
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